M. ROURA
PALMA.- Después de
escuchar de cerca las reivindicaciones de
los miembros de la Plataforma en favor de
una reserva marina de Cala Rajada más
justa, el alcalde de Capdepera, Tomeu
Alzina, se comprometió ayer a trabajar por
un modelo más adaptado a todos los sectores
afectados.
Según explicó uno de los
portavoces de esta plataforma, Dino Serra,
el primer edil aceptó que tan sólo contaba
con una visión parcial del tema. Sin
embargo, el haber acudido al coloquio
celebrado el pasado martes en el teatro de
Capdepera le había permitido entender el
malestar de ciertos sectores.
Cabe
recordar que, a petición de la Cofradía de
Pescadores de Cala Rajada, el Ministerio de
Agricultura y Pesca ha diseñado una reserva
para 5.100 hectáreas en sus aguas
exteriores. En ellas, se prohíbe el fondeo
por completo, a excepción de los pescadores
y de los casos de emergencia, la mítica
pesca de raors, la pesca subacuática
y varios enclaves para hacer submarinismo.
Si bien las medidas aseguran los
recursos pesqueros para el futuro, pues las
30 barcas de pesca rebajarán su esfuerzo en
un 70-80%, las prohibiciones chocan de
lleno con los usos consolidados de una zona
que vive inmersa en la cultura de un pueblo
mediterráneo.
Tiendas de pesca,
negocios de submarinismo y embarcaciones
turísticas ya están sufriendo las
restricciones, mientras que submarinistas y
pescadores recreativos viven ahora de
espaldas al mar.
Aunque la
plataforma ya lleva bastante tiempo activa,
el coloquio del pasado martes fue su acto
más exitoso. Congregó a más de 200 personas
interesadas en conocer las consecuencias,
tanto positivas como negativas, de la
Reserva. Siete ponentes expusieron durante
tres horas sus argumentos y coincidieron en
que el 99% de los conflictos se centran en
el 7% de la reserva; por lo que llegar a un
consenso con el Ministerio no puede ser tan
difícil.
