MIREYA ROURA
PALMA.- Los
beneficios de la subasta de los 14
inmuebles, algunos de alto valor, que
pertenecían a las ya extinguidas cámaras
agrarias revertirán directamente en los
payeses. Al menos, esta es la intención de
la Conselleria de Agricultura y Pesca que
ha paralizado el proceso liquidador
emprendido por el anterior Govern del PP.
Un proceso que, en todo caso, situaba como
primer beneficiario a la administración.
Según fuentes del departamento que
dirige Mercè Amer, los servicios jurídicos
están estudiando la fórmula para determinar
la mejor opción. Cabe recordar que el PP
formó una comisión liquidadora, en la que
excluyó a las organizaciones y cooperativas
agrarias, para subastar un patrimonio
valorado, a grandes rasgos, en seis
millones de euros.
Son 2.000 metros
cuadrados, entre oficinas y almacenes,
entre los que se encuentra el mítico bar
Santa Eulàlia de Palma y todo el número
siete de la plaza que lleva el mismo
nombre. Los inmuebles se encuentran en
Consell, Felanitx, Llucmajor, Montuïri,
Palma, Sant Joan, Sencelles, Vilafranca de
Bonany y Ferreries. En este último
municipio, se emplaza, curiosamente, la
Policía Local.
La idea del Govern
del PP consistía en que el Fogaiba (Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears) habilitara con los beneficios una
red de delegaciones comarcales destinada a
los payeses.
Usurpación de 6
millones
Sin embargo, Unió de
Pagesos y varias organizaciones se
opusieron frontalmente a estos planes.
Esgrimían que el Govern de los
populares se estaba autoatribuyendo
el patrimonio de los payeses sin consenso.
Asimismo, lamentaban que en 20 años
no se hubiera elaborado una ley de cámaras
agrarias que permitiera convocar elecciones
y elegir a los representantes en la
comisión liquidadora. De esta manera,
hubieran podido decidir, junto con la
administración, el futuro del patrimonio.
Finalmente, Unió de Pagesos acabó
presentando un contencioso contra la hoja
de ruta del PP.
El secretario general
de Unió de Pagesos, Biel Torrens, explicó
ayer que la intención es vender algunos de
los inmuebles para abrir oficinas en
diferentes municipios de la Part Forana
donde se puedan reunir los payeses. «Es
absurdo que en el campo no tengamos nada
para reunirnos cuando teníamos el
patrimonio de las cámaras agrarias»,
dijo.
El conflicto entre el sindicato
agrario y el PP se originó a raíz de las
discrepancias en cuanto a los herederos del
patrimonio. Por un lado Unió de Pagesos
esgrimen que los herederos son los payeses;
pues las cámaras agrarias proceden
directamente de los sindicatos agrarios
verticales de la época de la dictadura. Su
función era gestionar los bienes de los
payeses y, para ello, se hicieron con estos
centros de reunión.
En cambio, un
informe del Consell Consultiu encargado por
la anterior Conselleria de Agricultura
apuntaba que los sindicatos agrarios de
carácter vertical se disolvieron con la
llegada de la democracia. Dictaba que las
cámaras proceden de las Hermandades
Locales; por lo que su constitución es
independiente al de los sindicatos
agrarios. En este sentido, recordaba que,
tras la llegada de la democracia, las
cámaras pasaron a depender de la
administración central que las nutrió
económicamente.
