EDUARDO COLOM
PALMA.- «Proteger
significa prohibirnos hacer lo que queramos
con nuestras propiedades», le espeta un
vecino a otro junto a la Iglesia de Santa
Fe, en pleno corazón Sa Calatrava, barrio
intramuros por excelencia. «Pues yo
considero que es una buena medida, aunque
llega tarde», le replica Andrés mientras
echa el cerrojo de un portal típicamente
palmesano. «Mira lo que hicieron con las
canteras romanas de la plaza Villalonga,
ahora sepultadas en el aparcamiento de una
promoción de lujo».
Prospere o no, la
iniciativa de ERC encaminada a dotar de
máxima protección patrimonial al centro de
Palma traerá cola en el casco viejo. Habrá
división de opiniones. Pero, de entrada,
con sólo plantearla ayer a una decena de
vecinos y comerciantes de la zona, este
diario pudo comprobar tres cosas. Primero,
que poca gente sabe bien qué quiere decir
que te conviertan BIC (Bien de Interés
Cultural) hasta el lavabo de casa. Segundo,
que nadie lo apoya si se traduce en gasto
monetario o pérdida de valor patrimonial. Y
tercero, que existe la percepción de que la
opinión de la gente de la calle no
cuenta.
«Al final los políticos harán
lo que quieran; mandan ellos», adelantaba
Macarena -granadina, 32 años afincada en el
casco histórico- mientras paseaba sus dos
perros pincher por la calle Can
Savella, junto a la plaza Josep Maria
Quadrado.
En líneas generales, la
idea teórica de conservar la tipología del
centro histórico es bienvenida. Otra cosa
son las restricciones que pueda conllevar
y, sobre todo, el coste para propietarios,
promotores y comerciantes de la zona. En el
caso de los empresarios, entran en colisión
el carácter de atractivo turístico y la
posibilidad de modernizar los
establecimientos y de dinamizar la
zona.
«Me parece interesante que se
proteja el centro, especialmente porque soy
admiradora de la parte antigua, pero no
debería hacerse sin consensuarlo con
nosotros y sin elaborar antes un estudio
previo de las repercusiones que podría
tener», defiende Isabel Boticario, que hace
un año y medio montó una galería-taller de
arte en el chaflán de la calle Sol con
Montisión. «Si marcan directrices, que se
nos respete antes», apostilla. En la misma
línea opinaba Pilar Sansó, restauradora de
muebles. «Me parece bien que se cuide el
centro histórico pero siempre debería
tenerse en cuenta a los comercios
tradicionales y darles facilidades para
seguir trabajando bien, ya que dan vida a
estos barrios». De lo contrario, los
barrios se irían vaciando. «Ya cuesta
encontrar una cafetería», abunda Alfonso
Pérez-Maura, residente de Sa
Calatrava.
A escasos metros de allí,
al abrigo de las monumentales agujas de
Santa Eulalia y San Francisco, pervive una
de las tapicerías más emblemáticas de la
ciudad. Fundada en la década de los 30, el
negocio de la familia Hernández ha
presenciado múltiples cambios en el barrio.
Desde la época dorada de las calesas hasta
la peatonalización de la zona, pasando por
la erradicación de la marginalidad que
llegó en los 80. «Como comerciantes, no nos
gusta que nos digan qué debemos hacer
mientras respetemos los reglamentos ya
existentes», explica uno de los
propietarios, Carlos Hernández, quien sin
embargo pide prudencia hasta que se
conozcan los detalles del proyecto que
pretende impulsar Cort con el beneplácito
del Consell. En cuanto a un posible debate,
se muestra escéptico: «Ya no nos
consultaron cuando quisieron peatonalizar
la zona».
La misma prudencia también
la solicitaban ayer una conocida
inmobiliaria y un despacho de diseñadores
que operan en la zona. Hasta que no
conozcan los planes del Ayuntamiento y la
reacción del Colegio de Arquitectos
prefieren no opinar.
Claro que
también hay aplausos. Joan Ferrer, vecino
del casco histórico desde hace 8 años y
estudiante de Historia del Arte, considera
que la medida, «pese a que debería haberse
adoptado antes», resulta «interesante». «Es
algo necesario y estaría bien que para ello
se escogiese la máxima figura, como es la
de BIC; algo que por cierto ya han puesto
en práctica otras ciudades».
Para Ana
Siles, diseñadora y vecina, puede ser buena
decisión si se respeta la opinión de la
gente y, ahí coinciden todos, si las
instituciones se interesan en mantenerlo y
no sólo en prohibir y cargar el gasto sobre
los hombros de la iniciativa privada.
