EL MUNDO
EIVISSA.- Los detenidos
el 20 de junio de 2006 por oponerse a la
entrada de unas máquinas que operaban en la
construcción del nuevo acceso al aeropuerto
de Eivissa en la finca de Can Malalt, entre
los que se encuentran políticos de primera
fila de la isla, declararon ayer ante el
magistrado del Juzgado de Instrucción
número 3 de Eivissa.
Entre ellos, se
halla el vicepresidente segundo del Consell
de Eivissa y conseller de Movilidad y Medio
Ambiente, Albert Prats; el entonces
diputado autonómico y ahora conseller de
Ordenación Territorial, Miquel Ramon; la
diputada de Eivissa pel Canvi, Marian
Suárez; y el director general de
Patrimonio, Josep Maria López
Garí.
Este último manifestó a este
periódico que «todos» los que estuvieron en
aquel día en la finca de Can Malalt fueron
«detenidos injustamente». Garí argumentó su
aseveración diciendo que «le estaban
quitando injustamente el vial al hermano de
Malalt», algo que, según el político, quedó
patente «en la documentación» sobre la
actuación.
Garí, quien reiteró que
ninguno de los allí presentes actuó «de
mala fe», informó a su vez de que dos de
los once arrestados no declararon en
Eivissa por encontrarse fuera de la isla;
uno de ellos de vacaciones y el otro por
haber fijado su residencia fuera de la
isla.
Todos ellos acudieron a
declarar junto a otros activistas de la
Plataforma Antiautopista, como uno de sus
portavoces, Antoni Planells Malalt,
quien fue el primero llamado a declarar y
que volvió a exponer ante el juez lo que
ocurrió esa mañana. En declaraciones a
Europa Press relató cómo es «la actitud
pacifista y pasiva --dijo-- de los que nos
opusimos a la destrucción del único acceso
a la finca de mi hermano en Can Malalt».
Según este afectado, la empresa
adjudicataria de las obras «presentó un
escrito diciendo que la vivienda no estaba
afectada por el desdoblamiento de esta vía,
algo que consideramos una barbaridad,
puesto que días antes presentamos un
escrito en el que hacíamos ver que éste
camino era el único acceso que tenía, con
el que transportaba los muebles de otra de
las fincas que quedaría derrumbada por las
mismas obras», declaró.
En este
sentido, Malalt resaltó que al no
respetarse este escrito «la Guardia Civil
decidió detener a las personas que se
opusieron al avance de las máquinas».
Asimismo, el 'antiautopista' expuso ante el
juez que las personas que se encontraban
allí aquel día «eran tanto vecinos como
gente de la Plataforma preocupada y
sensibilizada por cómo estaban las cosas,
que se hicieron de forma muy irregular y
mal, algo que se percibió después por la
respuesta ciudadana», detalló.
De
este modo, Malalt remarcó que nunca
se opusieron a que las cosas se hicieran
bien, sino que lo hicieron cuando no les
presentaron documentación y les detuvieron
sin decirles la infracción que estaban
cometiendo. Lo importante para él, señaló,
es «que se sepa que teníamos razón en
cuanto a que esta vivienda sí que estaba
afectada por las obras, puesto que su
acceso había sido suprimido».
En este
sentido, Malalt considera que los
actos por los que se les detuvo «fueron
legítimos y de justicia», y lamentó que se
ocuparan sus terrenos «sin actas previas de
ocupación». Asimismo, el afectado por las
obras de las carreteras de Eivissa criticó
que a día de hoy su familia aún no haya
cobrado nada por la expropiación de las
fincas, «algo que, aseguró, también le
ocurre a otras familias».
En este
sentido, el afectado apuntó que desde el
cambio político del Govern balear, «tampoco
ha habido ningún contacto con ellos». Hoy
continúan las declaraciones, entre las que
comparecerá el ex capitán de la Guardia
Civil en las Pitiüses, Fructuoso Jiménez,
que dirigió las detenciones.
