Mariano
hidalgo
EIVISSA.- La Unión de
Consumidores (UCE) de Eivissa ha señalado
que la imposición del catalán a los
comerciantes pitiusos es un «debate
ficticio» que no afecta en absoluto a
usuarios ni a clientes. La UCE de Eivissa
no ha recibido ni una sola queja en
reclamación de «derechos lingüísticos» ni
antes ni después de la entrada en vigor de
la Ley 11/2001, de Ordenación de la
Actividad Comercial en las Islas Baleares,
que establece la obligación de rotular los
establecimientos «al menos, en
catalán».
El portavoz de la UCE en
Eivissa, Carlos Salinas, ha asegurado que
los consumidores y usuarios de las Pitiüses
no plantean «problema alguno» con la lengua
usada en sus transacciones comerciales, por
lo que se está generando un «debate
ficticio» en torno al comercio y a la
lengua, que «no afecta para nada al
consumidor».
Esta organización
privada que vela por la defensa de los
derechos de los consumidores nunca ha
recibido una reclamación por vulneración de
los «derechos lingüísticos» de sus
asociados, ni tampoco de aquellos usuarios
no afiliados, cuyas consultas son desviadas
a las Conselleria de Consumo cuando derivan
en reclamaciones.
Salinas también ha
advertido sobre la obligatoriedad de acatar
lo dispuesto en la normativa del Govern
balear, porque «las leyes se hacen para
cumplirlas». No obstante, ha querido
aclarar que los consumidores y usuarios de
las Pitiüses tienen «otros problemas más
importantes que la lengua», entre los que
menciona las cuestiones relativas a
precios, calidad de los productos y
competencia.
Desde UCE de Eivissa, se
ha indicado que estas materias que sí
afectan a la seguridad y a los derechos de
los consumidores deberían «estar mucho más
vigiladas por consumo», ya que «las
reclamaciones que nos llegan no van por la
línea lingüística, sino por otro lado». La
Unión de Consumidores de Eivissa ha
aprovechado para reivindicar de nuevo un
mayor número de inspecciones rutinarias
para garantizar los derechos de los
usuarios.
En este sentido, el mayor
número de quejas que viene recibiendo la
UCE de Eivissa tienen su origen en los
servicios que prestan las compañías de
telefonía móvil y fija, así como las
conexiones a Internet.
En la misma
línea que la Unión de Consumidores de
Eivissa, el anterior titular de Comercio,
Industria y Energía del Govern balear, el
'popular' Josep Juan Cardona, aseguraba
recientemente en una entrevista concedida a
este diario que la polémica generada por el
Ejecutivo de Antich al retomar la
imposición del catalán a los comerciantes
es «una cuestión de consumo interno; un
gesto destinado a la galería, no a los
ciudadanos», ya que -en su opinión- «al
consumidor no le preocupa realmente que se
aplique el artículo 8.3 de la Ley de
Comercio».
Curiosamente, el artífice
de la Ley de Comercio de Baleares y
entonces vicepresidente del Govern balear,
Pere Sampol (PSM), justificó en su momento
la redacción de la norma amparándose en una
supuesta «defensa de los
consumidores».
Sampol llegó a retar
al Gobierno de José María Aznar a «llevar
al Govern balear al Tribunal
Constitucional», si se planteaba un
conflicto de competencias de la ley
autonómica con la Ley de Liberalización del
Comercio que, en esos momentos, elaboraba
la Administración central.
La Ley del
Comercio establece en el capítulo dedicado
a los 'Derechos Lingüísticos' de los
consumidores la obligación de que la
rotulación, tanto exterior como interior,
de todos los comercios de Baleares debe
estar redactada «al menos, en catalán».
Además, las tiendas que tengan una
plantilla de más de tres personas deben
estar en condiciones de atender en
cualquiera de las dos lenguas co-oficiales
de la Comunidad que elija el cliente. La
norma impone multas que oscilan entre los
1.500 y los 15.000 euros a los
establecimientos que no acaten estas
medidas lingüísticas.
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