GABRIELA CORRAZO
INCA- El PSOE de
Inca ha denunciado una intimación de pago
de la oficina de Correos al Ayuntamiento
por facturas impagas en torno a los 18.000
euros y se declara «preocupado» por la
situación afirmando que «ve con
preocupación la crítica situación económica
del Ayuntamiento que ha provocado no poder
hacer frente a las facturas comprometidas
con la Administración Postal».
La
misiva notificada al Ayuntamiento y
exhibida por el PSOE fue emitida por
Correos el 18 de julio de 2007 e ingresó al
consistorio el día 23 de julio. En el
documento, la entidad hace mención de una
deuda por 18.145,44 euros por concepto de
una factura de fecha 30 de abril de 2007.
Al respecto, el nuevo concejal de
Hacienda, Lluis Ferrari Alorda, señaló a
este periódico que «estoy convencido de que
todo está al día, si no se ha abonado algo
será por alguna razón técnica y no por
problemas económicos».
Pese a las
pocas semanas que el concejal lleva al
frente del área recalcó que «los servicios
básicos siempre están al día, de todos
modos lo verificaré con la interventora».
Frente a la extrañeza de la denuncia,
añadió que durante la última Junta de
Gobierno se aprobó el pago de facturas pero
no le consta una por este concepto.
Asimismo, Ferrari se mostró también
extrañado por el contenido de la misiva de
correos donde afirma que «si en el plazo
improrrogable de 20 días naturales a contar
desde la fecha de la carta no ha efectuado
el ingreso mediante transferencia
bancaria... nos veremos obligados a
resolver el contrato e iniciar las acciones
judiciales oportunas para la recuperación
de la deuda». Al respecto señaló «no somos
una empresa privada para recibir una carta
en estos términos».
Por su parte,
para el PSOE inquer, no es la
primera vez que esto pasa y señalan que «se
debe a la situación económica que arrastra
el Ayuntamiento con una deuda superior a
los 11 millones de euros y una capacidad de
endeudamiento nula». Según denuncian los
socialistas, las causas de la situación
económica serían varias, entre ellas la
falta de dedicación de la anterior
concejala de Hacienda, que compartía su
cargo con el de diputada nacional en Madrid
y el abuso de gastos de protocolo que
«superan los 2 millones de euros y que se
han justificado».
