INDALECIO RIBELLES
PALMA.- El
equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Palma que lidera la alcaldesa socialista,
Aina Calvo, levantará un monumento a las
víctimas de la Guerra Civil enterradas en
la fosa común del cementerio central de
Palma en Son Valentí. Así lo adelantó ayer
la concejala de Sanidad y presidenta de la
Empresa Funeraria Municipal (EFM), Begoña
Sánchez, que avanzó que «no se exhumarán
los restos humanos» para su posible
identificación por sus familiares, sino que
«se hará un monumento con placas con
nombres y apellidos» de las personas cuya
familia tenga constancia de que hayan sido
fusilados y arrojados durante la Guerra
Civil a la fosa común.
«Será algo
similar al que se ha realizado en Girona»,
indicó sin querer entrar en más detalles y
recordando que esta decisión forma parte
del acuerdo alcanzado con la Asociación de
la Memoria Histórica. Una entidad que cifra
en 200 las personas que aún quedan por
identificar en la fosa de Son Valentí y que
fue de los primeros colectivos a los que
dio audiencia la primera edil palmesana el
pasado mes de julio.
Con ellos
alcanzó un principio de acuerdo para
proceder además, a lo largo de esta
legislatura, a retirar los restos de
simbología franquista de la calles de la
capital. Sánchez aprovechó su primera
comparecencia ante los medios de
comunicación tras la constitución la semana
pasada del nuevo consejo de administración
de la EFM para dar a conocer el
nombramiento de Joaquín Vaquero como
gerente de la funeraria municipal en
sustitución de Oscar Collado que llevaba en
el cargo casi dos décadas.
La
deuda de Bon Sosec
En su puesta
de largo ante la prensa, Vaquero que ayer
se estrenaba en el cargo en su primer día
de trabajo demostró tener las ideas bien
claras respecto a sus principales líneas de
actuación.
El nuevo gerente de EFM
aseguró su intención de «deshacernos del
cáncer de Bon Sosec», dijo y reveló que el
Ayuntamiento de Palma debe desembolsar «más
de un millón de euros cada año» para hacer
frente a sus deberes en este camposanto del
término municipal de Marratxí donde cuenta
con más de 22.000 metros cuadrados de
propiedad.
El de Bon Sosec es uno de
los cuatro camposantos que tiene
vinculación con la EFM además del central
de Son Valentí, La Vileta y Sant
Jordi.
Con una capacidad de 30.000
unidades funerarias Bon Sosec sólo tiene
urbanizadas poco más del 40% en una plaza
donde el Consistorio palmesano mantiene la
titularidad del edificio central del
camposanto, la gestión funeraria y el
aparcamiento.
Vaquero avanzó que una
de las propuestas que baraja el equipo de
gobierno es la de dar un uso concreto al
edificio de más de 15.000 metros cuadrados
que Cort tiene en este camposanto hoy en
completo desuso.
No descartó por
ello «firmar un acuerdo con el Govern o
Consell de Mallorca para poder ocupar esta
construcción que ahora no tiene ninguna
finalidad, un lujo con la necesidad de
espacio que tiene la administración en
Baleares», indicó este alto cargo de la
funeraria.
La decisión del nuevo
equipo de la EFM de desvincularse de Bon
Sosec supone un giro de 180º respecto a la
línea política seguida hasta la fecha. El
Consistorio palmesano hizo una oferta la
pasada legislatura a la comunidad de
propietarios de las unidades de
enterramiento de este camposanto para
hacerse cargo del mantenimiento del resto
de cementerio ante los problemas que a este
respecto padece este recinto funerario.
Hasta ahora el mantenimiento de las
lápidas, jardinerías y el resto del espacio
corre a cargo de la entidad Bon Sosec lo
que había originado numerosas quejas por
parte de los propietarios de nichos ante la
descoordinación existente y la degradación
que padecía el camposanto.
Además de
los proyectos del monumento a los fusilados
en la tapia del cementerio durante la
Guerra Civil y la intención de deshacerse
de los deberes contraídos en el camposanto
de Bon Sosec, otra de las actuaciones de
Cort en materia funeraria será la creación
del tan traído y llevado cementerio
islámico.
Se trata de un proyecto
largamente anunciado en pasadas
legislaturas pero que no se ha ejecutado
pese a la demanda continuada de la
comunidad islámica para que se habilite.
Ante la imposibilidad de enterrar a sus
familiares siguiendo el rito islámicos,
muchos musulmanes mandan sus cadáveres a su
país.
