La Justicia no ha sido la única que ha
marcado los derroteros que iba a ir
cobrando con el tiempo el caso
Andratx. El secretario general de
Organización del PSOE, José Blanco, tuvo
una sonada intervención en el caso poco
después de conocerse precisamente la
implicación de Juan Carmelo Massot. Tras
conocer la implicación del director general
de Relaciones Europeas, Blanco se apresuró
a declarar que los Massot (Jaime y Juan
Carmelo) no serían «los únicos» cargos
públicos salpicados por la Operación
Voramar impulsada por la Fiscalía
contra la corrupción
urbanística.
Días después de su
vaticinio se conoció que el secretario
general del PP en Baleares y a la sazón
conseller de Interior, José María
Rodríguez, había tenido el teléfono móvil
pinchado por órdenes de la Fiscalía
Anticorrupción.
El primer alto cargo
del PP investigado por la Fiscalía
Anticorrupción fue Jaime Massot, director
general de Ordenación del Territorio del
Govern de Jaume Matas y veterano asesor
urbanístico del Ayuntamiento de Andratx.
Fue detenido junto al alcalde, Eugenio
Hidalgo, y el celador municipal de obras,
Jaime Gibert, el 27 de noviembre de 2006.
Tras el exhaustivo interrogatorio al que le
sometieron los fiscales, quedó en libertad
sin cargos. A día de hoy permanece
encausado.
Un mes más tarde se
conocía que Anticorrupción ordenaba indagar
una serie de expedientes en los que había
participado Juan Carmelo Massot. Entre
ellos, según diversas filtraciones, se
encontraba el de la casa de campo que el
propio alcalde había reformado en una
parcela rústica próxima al Ayuntamiento.
Juan Carmelo Massot ha manifestado en
repetidas ocasiones durante el proceso de
instrucción que desconocía las causas
exactas por las que se le había
investigado. Ayer insistía en dicho
mensaje, y subrayaba que ni se le ha
llamado a declarar al Juzgado de
Instrucción ni ha necesitado contratar los
servicios de un abogado para
defenderse.
La famosa
intervención del teléfono de Rodríguez no
desembocó en ninguna actuación fiscal en su
contra.
