ESTEBAN URREIZTIETA
PALMA.- La
Fiscalía quiere solicitar el archivo del
proceso judicial que investiga la
popularmente conocida como Piñata de
Munar y estudia desde hace semanas la
fórmula para hacerlo. Como primera medida
el Ministerio Público en Baleares ya ha
hecho llegar -al parecer por orden de la
Fiscalía General del Estado y siempre de
forma verbal- su intención al fiscal
adscrito a la causa que más preocupa a la
que será la socia de gobierno del PSOE en
Baleares durante los próximos 4 años.
Lejos de acatar la indicación
trasladada por uno de sus superiores, la
respuesta de Juan Carrau no ha podido ser
más contundente. Según han confirmado a EL
MUNDO/El Día de Baleares fuentes del
Ministerio Público, el valenciano se
despachó en tono displicente con la frase
que sigue: «Para archivar esto», dijo en
referencia al procedimiento que se sigue en
el Juzgado de Instrucción número uno de
Palma, «ponéis a otro fiscal en mi lugar».
Asimismo Carrau exigió a su interlocutor
que cualquier directriz referente a este
asunto le sea cursada de ahora en adelante
«por escrito». El delegado de
Anticorrupción en las Islas lleva más de un
año investigando una a una las subvenciones
otorgadas por el Consell de Mallorca a
pseudoasociaciones dirigidas por altos
cargos de Unió Mallorquina (UM) y afines al
partido que preside Maria Antònia Munar.
Carrau ha compaginado durante el
último año la investigación de la
Operación Voramar contra la
corrupción urbanística en Andratx; la más
reciente Operación Relámpago contra
el blanqueo de capitales; y la de La
Piñata.
Y es que a este último
proceso le ha venido dedicando al menos
tanta atención como a los dos primeros a
pesar de no haber ido acompañado de ninguna
espectacular operación policial. Las
pesquisas de Carrau y del juez Juan Manuel
Sobrino se han venido extendiendo en
jornadas de trabajo de más de 14 horas
diarias y han deparado innumerables
irregularidades.
Entre sus hallazgos
se encuentran desde viajes de placer de
consellers de la institución insular
pagados con dinero público a gastos
particulares camuflados con identidades de
difuntos. Todo ello pasando por un sinfín
de subvenciones públicas que se otorgaban
antes de que se crearan las entidades
receptoras.
Los grandes
hallazgos
Munar ha urdido durante
los últimos años desde la presidencia del
Consell de Mallorca una compleja trama con
el objeto de conceder las subvenciones
públicas a quien ella ha querido; en el
momento que ha estimado oportuno; y por la
cuantía que ella misma ha acordado.
Eliminando al mismo tiempo de golpe la
preceptiva libre concurrencia de otras
asociaciones; poniendo los fondos públicos
siempre en las manos de las mismas
entidades; y evitando también dar
publicidad a cada una de las
adjudicaciones. Las referidas son tan sólo
algunas de las principales conclusiones a
las que han llegado Sobrino y
Carrau.
Los
receptores
Cabe recordar que
algunos de los ilustres receptores son el
asesor aúlico de la presidenta, Josep
Lliteres; el líder de UM en Calvià, Isidre
Cañellas, y su esposa; el director insular
de Cultura del Consell, Guillem Ginard; o
el alcalde del municipio mallorquín de
Banyalbufar, Mateu Ferrá.
El proceso
judicial que ha deparado todas estas
revelaciones comenzó su andadura hace más
de un año. Concretamente tras la
interposición, durante el mes de marzo de
2006, de una denuncia por parte de un grupo
de ciudadanos liderados por el abogado
Ángel Olmos. El juez admitió a trámite la
denuncia advirtiendo inicialmente que los
hechos denunciados podrían ser
constitutivos de un delito de
«prevaricación». Pocos días después de la
admisión, falleció Olmos y desde entonces
han sido Sobrino y Carrau quienes han
llevado en solitario la investigación sin
que ningún particular haya mantenido la
acusación. En el auto en el que acordaba el
juez Sobrino el levantamiento del secreto
del sumario añadía indicios de otro delito
más: el de malversación de caudales
públicos.
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