El comportamiento sancionado con la
nueva Ley de Gestión de Emergencias de
Baleares acarrea una serie de inequívocos
riesgos. La sanción al autor de esta
llamada falsa supone un evidente punto de
inflexión a esta tendencia.
Por un
lado, una llamada falsa origina un elevado
coste económico muy difícil de cuantificar.
El número de efectivos implicados que se
movilizan ante una llamada -tanto humanos
como materiales- son, generalmente, muy
elevados. Otro tanto ocurre con el coste
económico que acarrea la movilización de
éstos.
Lógicamente, la cuantía que
supone a las arcas públicas la movilización
y el desplazamiento de todos estos
efectivos sólo se justifica cuando la
emergencia es real. De lo contrario, todo
este derroche económico resulta
estéril.
Sin embargo, hay otro hecho
que resulta mucho más grave. Una llamada
maliciosa de este tipo puede tener fatales
resultados. De hecho, mientras los
efectivos se encuentran desplazados hacia
una llamada pueden dejar otra desatendida.
Normalmente, se priorizan unos casos sobre
otros. En el caso de tratarse de una
llamada inequívocamente maliciosa, alguien
que se encuentre ante una emergencia real
puede que este tipo de llamadas le pueda
costar la vida.
