Pese a las distintas denuncias
presentadas contra el teniente coronel
Manuel Rivas, el Ministerio de Defensa ha
amparado hasta el último momento la
actuación del delegado del Invifas en
Baleares.
El diputado popular
Arnesio Fernández de Mesa dirigió el pasado
invierno una batería de preguntas al
Gobierno, en la que exigía explicaciones
sobre las denuncias presentadas por la
esposa de un alto mando de Porto Pi contra
Rivas por amenazas y coacciones.
La
respuesta del Gobierno, firmada el pasado
28 de noviembre no pudo ser más
desalentadora. «El Ministerio de Defensa»,
reza el escrito dirigido a las Cortes, «no
aprecia ninguna actuación irregular por
parte de los responsables del Invifas en
Baleares (...). No obstante», añade la
nota, «al haberse interpuesto una denuncia
contra el gestor del Área de Vivienda de la
Delegación de Defensa en Baleares, a raíz
de los hechos citados en la pregunta, el
Mibnisterio de Defensa actuará conforme a
lo que determinen las autoridades
judiciales». Como no podía ser de otro
modo.
No ha sido hasta el pasado 14
de mayo cuando el Ministerio se ha
decidido, por fin, a asignar a Manuel Rivas
un nuevo destino en Madrid.
En otra
interpelación parlamentaria, el diputado
popular Arnesio Fernández de Mesa
también pedía al Gobierno que aclare si es
cierto que el hasta ahora delegado del
Invifas ha permitido que el ex jefe de
Órdenes de la Base Naval, el capitán de
fragata Ricardo Álvarez-Maldonado,
disfrutara de dos viviendas militares al
mismo tiempo durante siete años, algo que
prohibe expresamente el reglamento del
Invifas y la Ley 26/1999 de apoyo a la
movilidad geográfica de los miembros de las
Fuerzas Armadas.
«¿Qué explicación
puede dar el Ministerio de Defensa a
semejante irregularidad consentida?»,
cuestionaba Fernández de la Mesa en su
interpelación dirigida al Gobierno.
