ESTEBAN URREIZTIETA
PALMA.- Maria
Antònia Munar aprobaba la inmensa mayoría
de las subvenciones dirigidas a las
entidades dirigidas por altos cargos de su
partido y afines antes incluso de que éstas
fueran creadas. El objetivo de la
presidenta del Consell de Mallorca no ha
sido otro durante los últimos años que el
de teledirigir las multimillonarias ayudas
de dinero público en dirección a su entorno
más próximo.
Munar ha urdido una
compleja trama con el objeto de conceder
las subvenciones públicas a quien ella ha
querido; en el momento que ha estimado
oportuno; y por la cuantía que ella misma
ha acordado. Eliminando al mismo tiempo de
golpe la preceptiva libre concurrencia de
otras asociaciones; poniendo los fondos
públicos siempre en las manos de las mismas
entidades; y evitando también dar
publicidad a cada una de las
adjudicaciones.
Estas son tan sólo
algunas de las principales conclusiones que
se desprenden a día de hoy de la
investigación judicial que sigue desde hace
un año el Juzgado de Instrucción número uno
de Palma en torno a la popularmente
conocida en Mallorca como Piñata de
Munar. Así se ha bautizado al reparto
discrecional y masivo de dinero público por
parte de la también presidenta de Unió
Mallorquina (UM) en dirección a
asociaciones controladas por su propio
partido y que asciende ya a al menos 4
millones de euros públicos.
Cabe
recordar que algunos de los ilustres
receptores son el asesor aúlico de la
presidenta, Josep Lliteres; el líder de UM
en Calvià, Isidre Cañellas, y su esposa; el
director insular de Cultura del Consell,
Guillem Ginard; o el alcalde del municipio
mallorquín de Banyalbufar, Mateu
Ferrá.
Tras examinar exhaustivamente
este reparto, el juez instructor Juan
Manuel Sobrino ha cazado a varios
consellers y altos cargos del Consell de
Mallorca pagando con dinero público viajes
de placer en compañía de sus familias.
Sobrino se ha topado con que miembros del
equipo de gobierno de Munar han empleado
los fondos públicos destinados a sufragar
desplazamientos de tipo cultural para
costear sus vacaciones.
Port
Aventura
Valga como ejemplo que
uno de los desplazamientos pagados por el
Consell de Mallorca tenía por objeto
visitar el gótico catalán y los vips
de UM acabaron en las atracciones de Port
Aventura. Pero es que, además, el
magistrado ha hallado identidades y DNIs de
muertos entre las listas presentadas por
las asociaciones organizadoras para
justificar los gastos de los supuestos
periplos culturales.
Munar ha
coordinado la disposición de las
subvenciones por parte de la institución
que preside con el nacimiento de las
entidades beneficiarias. Asimismo ha
ajustado al máximo el concepto de las
ayudas públicas con el objeto social de las
asociaciones a las que ha querido
beneficiar hasta el punto de que en buena
parte de las ocasiones coincide casi al
milímetro el uno y el otro.
El
proceso judicial que ha deparado todas
estas revelaciones se encuentra en estos
momentos sometido a secreto sumarial por
orden expresa de Sobrino y comenzó su
andadura hace ahora un año. Concretamente
tras la interposición, durante el mes de
marzo de 2006, de una denuncia por parte de
un grupo de ciudadanos liderados por el
abogado Ángel Olmos Mené.
El juez
admitió a trámite la denuncia advirtiendo
inicialmente que los hechos denunciados
podrían ser constitutivos de un delito de
«prevaricación continuada». Pocos días
después de la admisión, falleció Olmos
víctima de un cancer y desde entonces ha
sido el juez Sobrino quien ha llevado en
solitario la investigación sin que ningún
particular haya mantenido la acusación.
Hasta el momento, el fiscal Anticorrupción
de Baleares, Juan Carrau, ha advertido
indicios de la comisión de al menos 2
supuestos delitos por parte del Consell de
Mallorca y de las asociaciones
subvencionadas. Concretamente uno contra la
Hacienda pública y otro de falsedad
documental.
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