Algo no está funcionando en nuestra
educación pública cuando, tras volcar
ingentes recursos económicos y humanos como
nunca antes se habían volcado, seguimos
estando a la cola de España en
prácticamente todos los indicadores
educativos.
La delincuencia, el
consumo de drogas, el bullying, la
falta de autoridad de los profesores, el
buenismo de los orientadores
psicopedagógicos que por no traumatizar a
una manzana podrida permiten que se pudran
los demás, el profundo malestar entre el
profesorado que observa atónito cómo los
recursos se dirigen a lo superfluo y no a
lo básico y necesario, el descenso de nivel
ante la cada vez peor preparación básica y
la pasividad familiar, el fracaso y el
abandono escolar antes de concluir la ESO,
la utilización de metodologías de
aprendizaje cuyos resultados prácticos
están a años luz de los que se obtenían
antes, éstas son las principales lacras que
planean sobre nuestro sistema
educativo.
Por si fuera poco, a este
malestar se añade la percepción de una
politización en los centros públicos que no
ha amainado después de cuatro años de
gobierno del PP. El actual Govern se ha
mostrado temeroso de enfrentarse al
sindicato mayoritario de profesores y a las
directivas infiltradas de catalanistas, que
han boicoteado todas y cada una de las
medidas del Govern, tibias y experimentales
por lo demás, que han intentado liberalizar
y airear el patio.
Trilingüismo. El
trilingüismo es un objetivo plenamente
compartido por este periódico. Que al
terminar la ESO, nuestros alumnos salgan
hablando castellano, catalán e inglés no
sólo es un reto deseable sino que, en un
mercado competitivo y globalizado como el
actual, resulta del todo necesario. De ahí
que desde este periódico creamos
conveniente que a partir del próximo curso
el trilingüismo deje de ser un plan piloto
para implantarse obligatoria y
universalmente en las etapas de infantil y
primaria para irse generalizando
progresivamente a secundaria.
Ahora
bien, tampoco abandonamos el realismo ni
cierto grado escepticismo cuando nos
enfrentamos a la cruda realidad: ahora
mismo al final de la ESO un porcentaje muy
alto de nuestros alumnos salen de las aulas
como analfabetos funcionales en castellano
o en catalán. ¿Será capaz nuestro sistema
educativo, aun volcando más recursos de
todo tipo, de lograr el objetivo trilingüe
cuando ni siquiera ahora es capaz de
conseguir unos niveles de lecto-escritura
satisfactorios en una de sus dos lenguas
oficiales? No debemos olvidar que la
motivación política detrás del trilingüismo
-que no resta un ápice a sus loables
objetivos- estriba en intentar suavizar las
consecuencias derivadas del Decreto de
Mínimos que el PP impulsó en 1997 y que
obligaba a que como mínimo el 50% de las
clases fuera en catalán, margen de
discrecionalidad que el profesorado, en su
mayoría filocatalanista, aprovechó desde el
primer momento para que en no pocos centros
públicos y concertados el catalán se
convirtiera en la lengua de la enseñanza en
casi un 100%, relegando al castellano de la
educación.
El pavor de nuestros
actuales gobernantes a los sindicatos de
profesores les ha llevado hasta ahora a
contemporizar dejando en agua de borrajas
las demandas de unos padres a los que se
les está atropellando en sus derechos de
elegir la lengua, el centro y el tipo de
educación que desean para sus hijos. Una
contemporización que también hasta ahora ha
afectado la implantación del modelo
trilingüe en aquellos centros donde los
padres se han mostrado partidarios de
acogerse a él.
La normativa
trilingüista aprobada por el Govern da la
última palabra a la directiva del centro y
no a los padres ni a la Administración a la
hora de implantar la enseñanza trilingüe.
Es evidente por tanto que la Administración
no puede tolerar ya más resistencias y
demoras del catalanismo instalado en las
aulas y que, o una de dos, o deroga el
famoso Decreto de Mínimos, o debe hacer
obligatorio el proyecto
trilingüista.
Cheque escolar. Aunque
con la llegada del Govern del PP se han
mejorado aspectos educativos en materia de
libre elección de centro y en materia de
sujeción de los alumnos a un domicilio como
condicionante del colegio donde deberán
educarse, lo cierto es que en materia de
lengua vehicular -en catalán- poco se ha
mejorado. Parece claro que hay que
liberalizar el sistema, aireándolo,
eliminando las sujeciones, trabas e
intervencionismos que lo atenazan y
recuperando esta libertad educativa cada
vez más regulada y encorsetada por los
poderes públicos.
Empezando por la
libertad de elección de centro, libertad
que no sólo no existe, conculcando una de
las libertades fundamentales de las
familias, puesto que la asignación de un
alumno al centro depende de parámetros
objetivos: domicilio familiar o laboral,
renta familiar, etc., no de la voluntad de
los padres. Hay que recuperar la libre
elección de centro en toda su plenitud, es
decir, que los padres tengan la libertad de
escoger el centro que les dé la gana para
la educación de los hijos.
El cheque
escolar sería, indudablemente, una de las
fórmulas a tener en cuenta para abordar
tantas libertades conculcadas. La fórmula
es muy sencilla. La Conselleria de
Educación, en lugar de pagar directamente a
los centros educativos y a los profesores,
extiende un cheque a cada padre por la
cuantía equivalente al coste que le supone
a la Conselleria la educación de su
hijo.
El padre, con el cheque, elige
el colegio -público o privado- al que desea
llevar a su hijo. El mercado se introduce
así en la educación, los centros educativos
empiezan a competir entre sí para adaptarse
a las demandas del mercado, es decir, a los
padres. De implantarse el cheque escolar,
la Educación dejaría de estar pastoreada
por los profesores y los políticos y
volvería a donde nunca debiera haberse ido,
a los padres.
