MIREYA ROURA
CAPDEPERA.- La
Conselleria de Agricultura y Pesca ha
decidido recurrir contra la recién
inaugurada Reserva Marina de LLevant al
entender que el Ministerio que comanda
Elena Espinosa ha impuesto demasiadas
restricciones en las 5.000 hectáreas de
aguas exteriores colindantes a Cala Rajada.
A juicio de la Conselleria, dichas
limitaciones «no sólo no se ajustan a la
realidad, ni a las necesidades de la zona,
sino que pueden resultar perjudiciales para
algunos de los sectores profesionales que
llevan a cabo su actividad en la
zona».
A pesar de que la Dirección
General de Pesca del Govern comparte la
figura de protección, en el sentido de que
repercutirá positivamente en la
recuperación y protección de especies
marinas, piensa que algunos aspectos van en
contra de las prácticas tradicionales.
El director de este departamento,
Miguel Ángel Calviño, no entiende, por
ejemplo, que se haya prohibido la pesca con
caña desde el muelle o la pesca de
raors o calamares en profundidades
menores a 30 metros. «Son prácticas
ancestrales. De toda la vida. La gente de
las Illes vive de cara al mar y
tiene una cultura innata. Y esto no se
puede prohibir», afirmó.
Inaugurada
el pasado 21 de abril por la propia
ministra de Agricultura y Pesca, la reserva
marina es la décima de estas
características en España y se extiende
desde Cala Mata hasta un punto cercano a
Cala Rajada.
Una idea de los
pescadores
Fue la propia Cofradía
de Pescadores de Cala Rajada la que
promovió esta idea en 2001 con el fin de
proteger sus recursos pesqueros. El Govern
y el Ministerio decidieron, entonces,
impulsar una normativa conjunta que
abarcara sus ámbitos competenciales (las
aguas interiores y las exteriores,
respectivamente). Sin embargo, las
discrepancias no lo hicieron posible.
El Govern acabó promoviendo una
protección propia (5.900 hectáreas que van
desde Cala Mata hasta el Cap des Freus) y
el Ministerio la reserva ahora en
conflicto.
Al margen de su fin
proteccionista, la reserva choca de lleno
con usos ya consolidados de los que
dependen empresas náuticas, de pesca
recreativa, de submarinismo y tiendas de
todo tipo. En este sentido, la orden
ministerial establece un cupo máximo de
inmersiones en zonas delimitadas y «se han
dejado puntos tradicionales y han incluido
otros de poco interés», dijo
Calviño.
El director general también
discrepa con el hecho de que todas las
embarcaciones del Puerto de Cala Rajada
tengan que pedir autorización para moverse
o que se les haya prohibido fondear en
«zonas arenosas, en las que no crece la
Posidonia».
El hecho de que la
reserva marina se haya proyectado sobre una
zona turística ha desatado una reacción
espontánea de los sectores afectados. Sin
ánimo de entrar en política, y recalcando
sobretodo que no se oponen a la reserva, se
han constituido en la Plataforma de
defensa de los usos del mar balear.
Su presidente, Dino Serra, explica
que cuando se anunció la creación de una
figura de protección, «todos nos pusimos
autorestricciones». Al respecto, relató que
fueron justamente los submarinistas los que
propusieron más propuestas para autolimitar
su actividad. «Pero se ha utilizado la
herramienta de la prohibición y se ha
creado una alarma y un malestar social
importante», dijo Serra quien piensa que la
reserva tendría que ser una figura que
acercase el mar a la gente. Con este fin,
han recogido 2.500 firmas.
Según sus
cálculos, los intereses de los afectados
están en sólo un 10% de toda la zona
protegida; por lo que considera que su
propuesta es asumible. No obstante, recalca
que varios particulares presentaron al
menos 18 alegaciones al Ministerio, antes
de que redactara el plan definitivo, y que
éste no sólo no contestó a ninguna, sino
que no las atendió.
Por su parte, el
Ministerio acusó ayer al Govern de
«oportunismo electoral descarado». Fuentes
consultadas por Efe dijeron que la
reserva es de gestión compartida «y tiene
cauces adecuados para estudiar las
alegaciones; cauces que no son los medios
de comunicación sino los legalmente
constituidos».
«Parece claro que a
la consellera le preocupa más que los yates
no puedan fondear, que los pescadores, que
han mostrado su satisfacción por las
condiciones aprobadas de la reserva».
