ENRIQUE FUERIS
MARIONA
CERDÓ
ALARÓ.- El Consell de Mallorca
acordó ayer en Pleno la expropiación del
Castell d'Alaró en caso de que sus
propietarios, la familia Ordinas, se
nieguen a colaborar en las labores de
rehabilitación y mantenimiento de la
fortificación.
La resolución fue
adoptada por unanimidad de todas las
fuerzas políticas presentes, incluido el
PP, quien condicionó su apoyo a la
introducción de una modificación a la
moción sobre la expropiación presentada
conjuntamente por PSM y EU/EV, la cual
aboga por llevar a cabo esta actuación «con
tal de garantizar la salvaguarda,
protección y adecuada gestión» de este Bien
de Interés Cultural (BIC) con categoría de
monumento.
El representante de los
populares instó a incluir una
transacción en el acuerdo por la cual no se
procedería a la expropiación inmediata -tal
y como propone la moción de PSM y EU/EV-,
sino que se daría a los propietarios la
oportunidad de colaborar con la institución
antes de tomar medidas drásticas, un punto
que fue apoyado por el responsable de
Patrimonio e Identidad Cultural, Joan
Cerdà.
Así, el Consell acuerda
brindar a los Ordinas la posibilidad de
«asumir sus obligaciones de conservación y
custodia» del monumento antes de llevar a
sus últimas consecuencias las actuaciones
previstas en la ley de Patrimonio
Histórico.
Por su parte, los Ordinas
planean responder «en breve» la carta que
les hizo llegar el Consell la semana
pasada. La misiva invitaba al propietario,
Llorenç Ordinas, y a su hijo Miquel Ángel a
participar del proceso de restauración de
las murallas del castillo. La familia
asegura que éste es prácticamente el primer
contacto que el Consell establece con ellos
durante la última
legislatura.
Encuentros
inexistentes
De hecho, la
comunicación llega poco después de que la
familia denunciara públicamente que el
Consell se había desentendido por completo
durante los últimos cuatro años de la
restauración del monumento. Miquel Ángel
Ordinas señalaba que nunca se habían negado
a colaborar con las labores de
rehabilitación simplemente porque no habían
tenido ocasión de hacerlo, ya que la
institución insular «nunca nos lo ha
pedido». Los encuentros mantenidos entre
ambas partes prácticamente nunca han
existido. «Tan sólo nos reunimos al
principio de la legislatura para negociar
la venta del castillo», asegura Ordinas.
Una operación que no llegó a buen puerto.
Ordinas acusaba al Consell de
culpabilizarles públicamente del punto
muerto en el que se encuentra la
restauración de las murallas. Además, ambas
partes mantienen un enfrentamiento por
dirimir la distribución de las zonas del
castillo que pertenecen a cada una.
Precisamente, la moción presentada por PSM
y EU/EV hacía referencia a este hecho, la
división de la propiedad en partes públicas
y privadas (además de la voluntad de los
propietarios de «impedir su recuperación»),
para explicar la imposibilidad de haber
llevado a cabo una «correcta gestión» del
monumento.
