La condición insular nos plantea una
doble problemática de transporte muy
específica que bifurcaremos en dos ámbitos:
el transporte marítimo y aéreo y el
transporte interior de las Islas,
protagonizado por el tren, en Mallorca, y
por los autobuses.
Transporte aéreo.
En cuanto al transporte aéreo es evidente
que nuestra dependencia con el avión es
total. El panorama presenta, en líneas
generales, algunas sombras. Los tiempos
reales de un viaje en avión siguen siendo
antediluvianos (cinco horas a Madrid,
cuatro a Barcelona), no habiendo
incorporado la filosofía del puente aéreo
que reduce considerablemente el tiempo real
punto a punto. En referencia al transporte
en sí mismo considerado, existen algunas
asignaturas pendientes. El alto coste para
los residentes que no tienen ni trenes ni
carreteras alternativos para desplazarse al
continente.
Aunque los descuentos
del 50% son una buena noticia, la verdad es
que se echan en falta fórmulas más
eficientes e imaginativas para evitar, tal
como ha venido ocurriendo, que los
descuentos sean rápidamente absorbidos por
los incrementos tarifarios de las
compañías, hasta superar, de forma
escandalosa, un viaje de ida y vuelta a
Madrid el coste de una ida y vuelta a
cualquier capital europea. En este sentido,
las autoridades autonómicas deberían
profundizar en otras vías más efectivas
para compensar la insularidad. Tal vez, el
vale aéreo como una ayuda fija -no
porcentual- al residente por parte de la
Administración o tomar como referencia el
coste del kilómetro por carretera o tren en
la península para fijar el coste para
idéntico kilometraje en avión o barco.
Vuelos interislas. La declaración
de servicio público de los vuelos entre las
islas del archipiélago no ha tenido los
resultados esperados, tal como era
previsible, al convertir un «fallo de
mercado» en un «fallo de Estado». La tarifa
quedó fijada en la declaración, a excepción
de las inevitables actualizaciones debidas
a la inflación y a las subidas del
combustible, pero por contra han dejado
prácticamente de existir las ofertas por
debajo del precio fijado. Ante la
experiencia acumulada, tal vez cabría obrar
con más cautela ante los cantos de sirena
que abogan por otra declaración de servicio
público de las islas menores con algunos
capitales españolas ya que, quitando
algunos trayectos muy concretos, el
servicio en régimen abierto funciona
razonablemente bien.
El barco.
Sorprendentemente, el transporte marítimo
ha recuperado parte de su funcionalidad
anterior gracias a los buques rápidos,
aunque no se ha dado el paso decisivo de
competir de verdad con el avión. Se debe
profundizar en la velocidad, así como en
replantearse los puertos de partida y
llegada Sóller, por ejemplo, para los
buques a Barcelona, amén de echarse en
falta una mayor audacia en las políticas
tarifarias, especialmente en el transporte
de vehículos.
Trenes y autobuses. A
día de hoy y tras haberse construido la
estación intermodal de la Plaza de España,
parece imposible cuestionar el tren, una
vez se ha interiorizado su imagen romántica
y encantadora, incluso planteándolo como
una alternativa al coche privado. Y eso que
el coste pasajero/kilómetro en comparación
con la carretera es desorbitado. Las
distancias cortas y la fijeza de la propia
infraestructura ferroviaria jamás
convertirán el tren en un medio de
transporte público alternativo a la
carretera, como atestigua el número de
pasajeros. Algo que, por el contrario, sí
está ocurriendo con un metro que registra
llenos diarios pulverizando las mejores
previsiones. En cambio, desde los poderes
públicos, jamás se han planteado en serio
una planificación de autobuses públicos por
carretera, en una red integrada, con
frecuencias adecuadas y con un coste
prácticamente nulo para la Administración
en un régimen de concesiones que trasladan
a la iniciativa privada los costes de
inversión y de mantenimiento, aprovechando
al tiempo la magnífica red de carreteras
construida.
A estas alturas y antes
de lanzarse a construir nuevos corredores
ferroviarios que atraviesen la isla de lado
a lado, todavía se está a tiempo de abordar
un estudio comparativo entre una futura e
hipotética red ferroviaria -con todos los
costes añadidos que supone como el
soterramiento de las vías a su paso por
Inca o Manacor, supresión de pasos a nivel,
adquisición de maquinaria adicional,
personal- y una eficiente red de autobuses
públicos que podría resolver el excesivo
uso privado de la carretera. La
racionalidad, no el fetichismo, debe
abrirse paso sin complejos.
