INDALECIO RIBELLES
PALMA.- Balance
final de la Concejalía de Vivienda del
Ayuntamiento de Palma durante su primera
legislatura en funcionamiento. Un resultado
como siempre a medias, netamente mejorable
en algunos apartado, pero donde, al menos,
se ha logrado sacar al mercado vivienda
vacía, casi un millar. Si nos atenemos al
listón inicial que se había fijado el edil
del ramo, José Manuel Sierra, el balance no
es para tirar cohetes. El equipo de
gobierno de Catalina Cirer prometió en 2003
construir 1.275 pisos baratos a un precio
medio de entre 96.000 y 120.000 euros.
Piedra sobre piedra hay sólo 180 ya
entregados, aunque a decir verdad en
construcción están 334 y en proyecto 1.768
unidades. Así las cosas las expectativas
iniciales se habrían cumplido con creces.
Sobre todo en una materia como la de
vivienda donde los trámites para iniciar un
proyecto son siempre de largo alcance
temporal. Lo mismo ocurre con el programa
de alquiler social. De las 2.000 viviendas
que se prometieron en, un principio, un
número considerable, se ha logrado tres
años después sacar al mercado 900.
Durante la presente legislatura a
través del programa Palma Habitada
se alquilaron 884 viviendas a bajo precio,
casi la mitad menos de las previstas pero
más que en ninguna otra legislatura donde
no existía nada al respecto. Según los
datos disponibles de esta iniciativa
pionera y tras 3 años en funcionamiento
-arrancó en junio de 2004- Cort ha logrado
sacar al mercado casi 900 pisos que se han
alquilado a un promedio de 437 euros y ha
alojado a casi 2.000 personas en ellos, en
concreto a 1.969.
Un 50% son
extranjeros, el colectivo más necesitado y
problemático a la hora de encontrar un piso
y que junto a jóvenes y familias con menos
recursos económicos son los perfiles de
población a los que se ha dirigido este
programa. Una iniciativa que seguirá
funcionando en la próxima legislatura pese
a que su responsable el edil Sierra
abandona la política.
Proyectos
en marcha
El Ayuntamiento de
Palma diseñó este programa con la idea de
captar a los propietarios que no alquilan
sus viviendas por temor a la morosidad o a
los estropicios que puedan causar los
inquilinos, a través de la garantía
municipal. Fue ideado para promover el
alquiler de casas que lleven al menos más
de un año deshabitadas por el recelo de sus
propietarios de acceder a su alquiler, más
de 30.000 sólo en la capital balear aunque
no hay datos oficiales al respecto.
Con esta iniciativa el Consistorio
actúa de intermediario entre inquilinos y
propietarios, garantizándoles a éstos el
cobro del alquiler durante cinco años y la
devolución de la casa en buen estado.
Aunque este es el apartado más
destacado de la apuesta municipal por la
vivienda social, hay que apuntar la entrega
durante la presente legislatura de 180 VPO.
44 de ellas están localizadas en el
Polígono de Levante y fueron adjudicadas a
los antiguos ocupantes de las viviendas
militares del Baluard des Príncep,
realojados en virtud del convenio que ha
permitido la recuperación de parte de la
primera línea de la Fachada Marítima. 30
pisos más se ubican en Son Gual; 23 en Es
Jonquet y 36 en Sa Gerreria.
Son
promociones ya concluidas a las que hay que
sumar en construcción 344 viviendas más, y
en proyecto 850 en Son Busquets y 100 en
los terrenos de la antigua cárcel.
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