La investigación fiscal no dejaba lugar
a dudas. La conexión del Bufete Feliu con
los paraísos fiscales era muy estrecha.
Durante el periodo comprendido entre los
años 1997 y 2006, el despacho de abogados
canalizó fondos procedentes del exterior
por valor de 482 millones de euros. Al
menos 17 millones fueron a parar a
distintos paraísos
fiscales.
Mientras, la sucursal
bancaria registrada en Palma había
concedido en los últimos años créditos
hipotecarios por valor de 5,3 millones de
euros. Lo más llamativo es que iban a parar
a cuatro sociedades de accionistas
desconocidos que acumulan pérdidas de
manera sistemática.
A tenor de estos
hechos, el titular del Juzgado de
Instrucción número siete de Palma, el juez
Antonio Garcias, ordenó el inmediato
bloqueo de todas las cuentas que había
utilizado el despacho de abogados para
canalizar las transacciones. El juez
también ordenó la inmediata prohibición de
disponer de todos los bienes inmuebles que
figuran a nombre de las
sociedades.
Los mandamientos
judiciales fueron remitidos a otras 26
entidades financieras para ordenar el
inmediato bloqueo de saldos y cuentas. Otro
tanto ocurrió con los fondos de inversión,
imposiciones a plazo fijo, inversiones en
Deuda Pública, acciones y participaciones
en valores.
La operación contra el
blanqueo de capitales se desarrolló
especialmente en Mallorca con una docena de
registros, aunque también se extendió a
Madrid. Allí se registraron otros dos
inmuebles.
