C.M.C.
CIUTADELLA.- El director
general de Comerio del Govern balear,
Francesc Tutzó, hizo anoche en Ciutadella
un llamamiento al comercio tradicional de
Menorca a plantar batalla a la Directiva de
Mercado interior, popularmente conocida
como Directiva Bolkestein, aprobada por la
mayoría de los miembros del Parlamento
Europeo, y que supone, en la práctica, la
libertad de establecimiento de las grandes
superficies comerciales en toda la Unión
Europea.
Con esta Directiva, que
debe su nombre a Frits Bolkestein,
comisario europeo para el mercado interno
durante la presidencia de Romano Prodi, que
propuso y defendió esta iniciativa, ni
Govern ni Consell pueden hacer a priori
prácticamente nada por defender el
tejido comercial tradicional de las grandes
cadenas de supermercados e
hipermercados.
Tutzó, que participó
en la sede de Pime en Ciutadella en el acto
de entrega de los certificados con calidad
de comercio excelente a los negocios de
Menorca, explicó que la Directiva
Bolkestein, echa por tierra todos los
esfuerzos del Ejecutivo autonómico para
proteger a los pequeños comerciantes, el
último de ellos a través de la moratoria de
grandes superficies.
El director
general explicó que la Directiva implica
«que todo aquel que quiera, pueda abrir un
negocio». Con ella, apuntó, «no será
posible la licencia autonómica, con lo que
no podemos limitar la implantación de estas
grandes superficies en nuestras
Islas».
Tutzó explicó que «desde el
Govern nos hemos manifestado en contra de
la Directiva Bolkestein de palabra, y por
escrito ante el Ministerio para que haga
llegar a Europa nuestra queja». Para Tutzó,
la Directiva de servicios, además de
«invadir» la competencia del Govern en
materia de comercio interior, «no tiene en
cuenta ni el elemento insular, ni el peso
real del comercio en las Islas», donde
representa el 26% del PIB, frente al 16% en
España.
Pese a ser consciente de las
dificultades que plantea la empresa, el
director general alentó a los pequeños
comerciantes de Menorca a que se unan a las
administraciones locales, insulares y
autonómicas para expresar su rechazo a la
Directiva. El representante del Govern
cree, sin embargo, que puede haber una
cierta luz al final del túnel. Si la tarea
de trasponer la normativa recae en el
Govern, explicó, éste puede forzar una
aplicación restrictiva de la Directiva,
mediante una argucia sibilina: acogerse a
las «cuestiones de orden público» que
señala la normativa para utilizar la única
arma del «urbanismo comercial», de la
«ordenación del territorio», como forma de
frenar las superficies.
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