El Plan Territorial Insular deja bien
claro en su norma 57 para la gestión de los
residuos que, ante todo, «se fomentará la
valorización de los residuos cuya
producción sea inevitable, previendo su
reutilización, reciclado u otras formas de
valorización, en este orden de preferencia
y en las condiciones técnica y
económicamente viables».
Además
añade, en otro apartado, que «sin
detrimento de los principios de prevención
y valorización material, contemplará la
reutilización como subproducto de los
residuos de construcción, demolición o
asimilables que no puedan reciclarse,
fomentando su utilización en restauración
de canteras u otros espacios
degradados».
Esta normativa, que
constituye la base fundamental del
urbanismo y de la ordenación del territorio
de las islas de Eivissa y Formentera, pone
en evidencia la solicitud de la Fiscalía de
Eivissa al juzgado de instrucción número 2,
cuyo titular es el magistrado José
Espinosa, para que investigue la posible
apropiación indebida de tierra por parte de
las empresas constructoras de los
desdoblamientos viarios al no haberla
empleado en la regeneración de
canteras.
Según han explicado a EL
MUNDO/ Ibiza y Formentera varios juristas
consultados, éste es un argumento «débil»
ya que la propia lógica, además del PTI,
indica que lo normal es que lo que se pueda
reutilizar se reutilice y que el resto
sirva para la regeneración de
canteras.
Además, a esto habría que
sumarle el ofrecimiento público realizado
por la propia Conselleria balear de Obras
Públicas para que cualquier persona que lo
desee pueda obtener parte de esta tierra de
forma gratuita.
