No es de sentido común que una norma elaborada por una administración, en este caso autonómica, sea modificada a los pocos días de su entrada en vigor. Esto es lo que acaba de suceder con la Ley balear del Ruido que entró en vigor el pasado 16 de marzo. El decreto que el Govern ha elaborado a la medida de los intereses del Grupo Cursach Ocio vulnera la Ley balear del Ruido e impide que los ayuntamientos tengan la última palabra sobre la regulación de los ruidos en sus términos municipales. El nuevo decreto es una enmienda a la totalidad de los aspectos que perjudican los intereses del grupo de ocio en la zona de la Playa de Palma. Estamos por tanto ante un «decretazo» aprobado por la administración autonómica que beneficia directamente a Cursach. Cort con este decreto permanece atado de pies y manos. El Ayuntamiento ha sido la única institución que hasta hoy se ha mostrado partidario de anteponer los intereses de los vecinos y empresarios de la zona al mando y ordeno de Cursach. ¿Quién defenderá ahora al vecindario de las molestias de la 'discoabadía'?