ESTEBAN URREIZTIETA
PALMA.- El
nuevo decreto elaborado por el Govern para
beneficiar al empresario Bartolomé Cursach
vulnera su propia Ley del Ruido, que cuenta
con apenas un mes de vida. El Ejecutivo
balear aprobó hace el pasado 16 de marzo la
Ley 1/2007 contra la contaminación acústica
de las Islas Baleares.
El texto
destaca su «carácter municipalista»,
establece unas directrices generales y deja
en manos de los ayuntamientos la útima
palabra en materia de ruido. De hecho,
contempla expresamente la potestad de los
consistorios para restringir, siempre y
cuando lo consideren oportuno, los límites
sonoros dispuestos en esta normativa de
rango autonómico.
Varias semanas
después, el mismo Govern que legislaba en
estos términos «municipalistas» ha aprobado
inicialmente un decreto que contradice a su
propia normativa. Tanto como que anula de
golpe todas las competencias acústicas
municipales en favor del rebautizado
popularmente como decreto Cursach en
honor a su principal beneficiario.
El artículo 10 de la Ley balear del
Ruido del Ejectutivo popular
especifica que «las ordenanzas municipales
pueden establecer valores límite de
evaluación sonora más restrictivos en
aquellos casos que lo estimen oportuno».
Pero es que en su artículo 6 traslada
también a los ayuntamientos la posibilidad
de «modificar, en caso necesario y de forma
motivada, la hora de inicio o finalización
de dicho periodo de tiempo». Es decir, que
la decisión última reside en todo caso en
los ayuntamientos.
El nuevo decreto
elaborado por la Conselleria de Interior y
aprobado inicialmente por el Consell de
Govern, no sólo borra la última palabra
municipal sino que deroga las ordenanzas en
vigor, tal y como establece en su
«disposición derogatoria». Una vez
desprovistos los ayuntamientos de sus
competencias, el decreto Cursach
pasa a fijar nuevos límites sonoros y
nuevos horarios que, curiosamente, permiten
al mayor empresario de ocio de Baleares
vulnerar las prohibiciones expresas que ha
dictado contra él Tribunal Superior de
Justicias de Baleares en la discoteca con
forma de abadía gótica que tiene en la
Playa de Palma.
La única
rectificación
Así, en un
principio el decreto Cursach llegó a
elevar el límite sonoro a los 85 decibelios
frente a los 65 que permite la ordenanza
municipal. Sin embargo, el escándalo
desatado por este punto entre vecinos y
hoteleros de la zona ha obligado a la
Conselleria de Interior a dejar los límites
sonoros tal y como estaban. Eso sí, el
Ejecutivo balear se ha negado a variar el
resto de preceptos del decreto que
contradicen la normativa del Ayuntamiento
de Palma y que nacen para que Cursach eluda
los dictados de la máxima instancia
judicial de Baleares que anulan los
principales atractivos de la discoteca
MegaPark de Cursach.
El dictamen
del TSJB
El Tribunal Superior de
Justicia de las Islas ya se ha pronunciado
sobre el caso concreto de Cursach y ha
prohibido al empresario de ocio en su
establecimiento todo lo que no sea «música
ambiental», pero también cualquier tipo de
espectáculo al aire libre. Esto es,
bailarinas, pinchadiscos, conciertos de
música y proyección de espectáculos a
través de pantallas.
Su decisión la
argumentó basándose en la ordenanza
municipal, que prohíbe todas estas
actividades al aire libre. Pero también
sopesando las molestias que el infierno
sonoro del discotequero había venido
ocasionado a sus vecinos. Desoyendo esta
resolución judicial, el decreto
Cursach permite conciertos al aire
libre y todo tipo de retransmisiones
audiovisuales. Es más, contempla la
posibilidad de que cuando estas sean «de
gran interés social» se pueda ampliar el
horario fijado para las
mismas.
Asimismo permite la
celebración de conciertos de música al aire
libre, un atractivo que también venía
explotando Cursach en su establecimiento
hasta que el Tribunal Superior de Justicia
decidió prohibírselo.
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