M.C.
MAÓ/MAHÓN.- El
Gobierno intercederá ante Europa para
conseguir indemnizaciones para los
pescadores de langosta, que temen perder
una tercera parte de sus ingresos con una
nueva normativa europea que reduce a 90
milímetros los ejemplares de langosta que
se pueden pescar. Éste es el resultado de
la reunión que mantuvieron ayer Govern y
Ministerio de Agricultura. Los pescadores
lo consideran insuficiente.
El
director general de Pesca, Miguel Ángel
Calviño, explicó que ahora el Govern deberá
redactar un plan de gestión en el que ya
está trabajando y que estará listo «lo
antes posible». Una vez concluido, se
enviará al Gobierno quien, a su vez, lo
elevará a la Comunidad Europea que le
deberá dar su visto bueno.
En
cualquier caso, Calviño avanzó que el
Govern «no dejará de estar al lado del
sector». Es decir, que si Europa se opone a
conceder las indemnizaciones, lo hará el
Govern como ya lo hizo, recordó, cuando los
pescadores no pudieron salir a faenar tras
la rissaga.
El Gobierno se
comprometió también a negociar con el
Govern un decreto de comercialización que
impida a los países extracomunitarios,
especialmente a Marruecos y a Algeria,
importar langostas de menos de 90
milímetros.
El Ministerio de
Agricultura sólo aceptó la propuesta de las
indemnizaciones que el Govern presentó como
última opción tras que las otras dos fueran
rechazadas. Calviño, planteó que se
decretara una moratoria de un año y que la
normativa se aplicara de forma gradual. Sin
embargo, se trata de una medida «ilegal a
todas luces», aseguró Calviño.
Otra
de las propuestas era que se contemplara la
langosta como una excepción de la
normativa. El Ministerio también lo rechazó
alegando que si se hacía con la langosta
también lo podrían reclamar los pescadores
de anchoa o los de la merluza.
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