ENRIQUE FUERIS
MARRATXÍ.- Vecinos
de Marratxí han denunciado ante el juzgado
de instrucción número 3 de Palma al
inspector jefe de la Policía del municipio,
Sergi Torrandell, por haber aumentado las
cuantías de las multas de tráfico hasta un
300% sin que tal medida fuera sometida a
aprobación plenaria previamente. Los
denunciantes entienden que dicha acción «no
sólo es presuntamente ilegal, sino a su vez
injusta, puesto que se pone de manifiesto
que se engaña y perjudica al ciudadano de
Marratxí».
El malestar entre la
población marratxinera surgió a raíz
de un incremento de las sanciones de
tráfico decretado a través de una
instrucción de servicio del propio jefe de
Policía emitida en mayo de 2006, tal y como
informó EL MUNDO/El Día de Baleares en
enero pasado. Los incrementos de las
cuantías oscilaban según la tipología de la
infracción y los aumentos más
significativos eran aquellos que hasta
triplicaban las cuantías
precedentes.
Para justificar la
actuación del inspector jefe, el
Ayuntamiento se amparó en la adaptación
«obligada e inmediata» del municipio a la
Ley 17/2005 de Reforma de la Ley de
Seguridad Vial. El alcalde, José Ramón
Bauzà (PP), adujo que la modificación de
las cuantías se había ejecutado de manera
legal y que prescindir del sometimiento de
dicha medida a Pleno o Decreto de Alcaldía
no constituía irregularidad.
Después
de ser cuestionado por el portavoz del
PSOE, Miquel Coll, -quien incidió en el
apartado de la desinformación ciudadana- en
sesión plenaria pocos días después de
aparecer la información, el alcalde
justificó el procedimiento seguido
argumentando que el caso no revestía «la
importancia suficiente como para informar
de ello a los ciudadanos». El líder de la
oposición lamentó la falta de transparencia
para con el ciudadano y demandó una «acción
informativa» sobre este
tema.
Malestar social
La
denuncia presentada en los juzgados
cuestiona la legalidad del procedimiento
seguido al tiempo que hace hincapié en el
clima de malestar social generado cuando
esta actuación salió a la luz pública. Los
denunciantes alegan que, tal y como dicta
la ley, «la autoridad u órgano local
competente en materia normativa o
reglamentaria es el Pleno Municipal y la
autoridad sancionadora el Alcalde» y que
obviando tal cosa «se falta al respeto y a
la confianza que depositan los ciudadanos
en la Administración».
Asimismo, la
denuncia se hace eco de un dato publicado
en este rotativo para respaldar sus quejas:
la ignorancia respecto al tema del Concejal
de Economía y Hacienda del municipio, Josep
Maria Casesnoves, quien declaró no saber
nada acerca de las cuantías ingresadas en
las arcas municipales a cuenta de las
multas por infracciones de tráfico desde
que entró en vigor la instrucción de
servicio.
Por otra parte, los
sindicatos más representativos del
Consistorio marratxiner estudian
formular un contencioso administrativo a
raíz de este caso.
