MARIONA CERDÓPALMA.– Las licencias
concedidas para construir viviendas
unifamiliares en suelo rústico se han
reducido durante esta legislatura a la
mitad con respecto a la legislatura
anterior. Así se desprende de unos datos
del Consell de Mallorca aportados por el
conseller de Medio Ambiente del Govern,
Jaume Font.Concretamente, entre 2003 y
2006 se han concedido 1.288 permisos para
edificar chalets en suelo rústico, mientras
que esta cifra ascendió a 2.536 a lo largo
del Govern del Pacte de Progrés. Del mismo
modo, las licencias solicitadas para
edificar una vivienda en este tipo de
terrenos han sido, a falta de conocer los
datos de 2007, de 1.555 durante el
Ejecutivo de Jaume Matas y alcanzaron las
3.300 durante la legislatura en la que
Francesc Antich fue presidente.
El motivo
principal de esta situación reside en la
inquietud que provocó el Govern del Pacte
entre los pequeños y grandes promotores a
raíz de sus repetidos anuncios de
moratorias para reducir la presión
urbanística en el suelo rústico. Como
consecuencia, las solicitudes de licencias
se dispararon para intentar avanzarse a las
restricciones.
Jaume Font defendió el
martes de la semana pasada durante el Pleno
del Parlament el modelo urbanístico,
territorial y medioambiental del Govern y
acusó de «demagogos» a los partidos de
izquierda y en especial al PSOE, que
planteó una interpelación titulada Política
general del Govern en materia de
destrucción del territorio.
Para
sustentar su argumentación, Font aportó
diversos datos estadísticos. «En esta
legislatura se ha construido un 18% menos
de viviendas que en la pasada», aseguró el
conseller, al tiempo que también recordó
que el Govern ha «triplicado la superficie
protegida» al pasar de 30.095 hectáreas a
94.871.
Además, defendió que Baleares
«empieza a ser sostenible» y como prueba de
ello argumentó que a finales de 2004, por
primera vez en la historia reciente de las
Islas, las emisiones de dióxido de carbono
del transporte público sobrepasaron las del
transporte privado.
Otro de los datos que
el conseller utilizó para defender la
política medioambiental del Govern fue el
que se refiere al crecimiento energético,
que durante el Pacte de Progrés registró
una media del 6,72% y, en cambio, en los
últimos cuatro años, se ha reducido al
3,76%. Además, Font remarcó que esta bajada
del crecimiento energético se produce al
mismo tiempo que aumenta el PIB y el nivel
de vida, con lo que Baleares «genera
riqueza y paralelamente también empieza a
ser sostenible».
El conseller aseguró que
el Govern está «orgulloso» de las
infraestructuras que ha llevado a cabo
porque han supuesto la cobertura de
«carencias» históricas de Baleares, como
las carreteras, los hospitales y las
desaladoras.
Además, recordó que el
crecimiento urbanístico que ahora mismo
contemplan los planes territoriales de
Mallorca, Menorca y las Pitiüses estaba ya
contemplado en las Directrices de
Ordenación Territorial, una norma aprobada
por el primer Govern de Jaume Matas
(1995-1999) y que el líder de los
socialistas y ex president del Ejecutivo
balear, Francesc Antich, «no modificó
cuando tuvo la oportunidad». Por ello, Font
reclamó «coherencia» a los partidos de la
oposición, a los que achacó una
«incapacidad de proponer una alternativa de
gobierno creíble». «El Govern ha impulsado
el proceso de modernización más importante
de toda la historia», sentenció.
Por su
parte, el diputado del PSOE encargado de
plantear la interpelación, Antoni Alemany,
responsabilizó al PP de haber practicado
una política territorial «sin complejos» y
«sin medida». El socialista contradijo las
recientes declaraciones públicas de
representantes del PP que han atribuido en
exclusiva la responsabilidad de las
decisiones urbanísticas al partido que
ejerce el gobierno del Consell de Mallorca,
UM. Alemany hizo un repaso a todas las
iniciativas legislativas impulsadas por el
Govern que, según su punto de vista, han
supuesto la desprotección de espacios
naturales, la recalificación de espacios y
el aumento de la construcción, en lo que
coincidió con las diputadas Joana Lluïsa
Mascaró, del PSM, y Margalida Rosselló, de
EU-EV.
