J.M.D.L.
EIVISSA.- Mucho ruido y
pocas nueces. Así se puede definir el Pleno
extraordinario celebrado ayer en el Consell
Insular en el que el Grupo Progresista
solicitaba la creación de una comisión de
investigación sobre la adjudicación por
parte del Consorcio Eivissa y Formentera
Emprenen de una serie de obras de asfaltado
de caminos a una empresa propiedad de un
sobrino del presidente de la máxima
institución pitiusa, Pere
Palau.
«Para que haya una
investigación tiene que haber algo que
investigar, y como el Pacte ya lo sabe todo
no hay nada que investigar», indicó el
portavoz del equipo de Gobierno en esta
cuestión, José Sala, tras escuchar el
parlamento inicial cargado de acusaciones y
de presuntos hechos probados realizado por
la portavoz de la oposición, Pilar
Costa.
Y es que Costa acudió a la
cita con un discurso en el que trataba de
enlazar reuniones de la mesa de
contratación del Consorcio Eivissa y
Formentera Emprenen con el reglamento del
Consell, que dice que todos los miembros de
la corporación se tienen que abstener en
asuntos que les afecten.
Una
afirmación ésta que desmontó de inmediato
el conseller popular, quien aseguró que el
presidente no participó a ninguna mesa de
contratación donde se haya evaluado a los
licitadores. «Ha asistido a algunas actas
de apertura de plicas», indicó, un acto que
nada tiene que ver con la toma de decisión
final, de la que se encargan los cuatro
técnicos de la mesa y el representante del
consorcio.
Además, Sala explicó que
lo grave hubiera sido que el órgano de
contratación se apartara de lo que dicen
los informes técnicos y negó, al contrario
de lo que promulga el Pacte, que se esté
ante «un gran escándalo». «El Pacte sólo
busca con estas acusaciones un fin
electoralista, demagógico y de mala fe»,
aseguró el conseller, que declaró a su vez
que si tan claro tiene el grupo de la
oposición que se ha cometido una
irregularidad «que vaya a los juzgados,
aunque eso no les interesa».
Una
opción la de los tribunales que en ningún
momento esgrimió la portavoz progresista,
que se limitó a acusar al equipo de
Gobierno de mentir y de utilizar la figura
de los consorcios para la adjudicación de
obras (figura que creo en la pasada
legislatura el propio Pacte Progressista),
«porque no hay presencia de la oposición y
se hace más difícil el control de estos
organismos».
Otra cuestión que
criticó Costa es que, desde que su grupo
diera a conocer el presunto escándalo, «el
presidente del Consell Insular «no ha dado
la cara ante la población».
Acusación
que desmintió de inmediato el conseller de
Presidencia que contabilizó en más de 8
ocasiones las manifestaciones realizadas
sobre este asunto por Palau ante los medios
de comunicación, «pero a lo mejor no lo ha
hecho en el medio de comunicación que le
hubiera gustado al
Pacte».
Finalmente, los votos del
Grupo Popular impidieron que saliera
adelante la propuesta de la oposición, por
lo que se rechazó la creación de una
comisión de investigación sobre las
adjudicaciones de obras de asfaltado de
caminos a la empresa Islasfalto.
Hay
que recordar que el gerente del Consorcio
Eivissa y Formentera Emprenen, Guillem
Riera, aseguró, a través de un comunicado
de prensa, que todas las adjudicaciones a
la que el Pacte ha hecho referencia a la
empresa Islasfalto «se han realizado con
total transparencia y dentro de la más
estricta legalidad en base a un concurso
público de libre concurrencia». En este
sentido, Riera indicó que se «ha realizado
la publicidad pertinente en todos los
casos» y que presentó oferta «toda aquella
empresa que lo estimó
oportuno».
Asimismo, insistió en que
todas las adjudicaciones «se han realizado
siempre basándose en informes de los
servicios técnicos», cuyas propuestas de
adjudicación se efectúan a la empresa más
ventajosa. Posteriormente, corresponde a la
Mesa de Contratación valorar los informes
técnicos y acordar la
adjudicación.
El escrito remitido por
el Consorcio insiste a su vez en que su
presidente, y en este caso también
presidente del Consell Insular, Pere Palau,
«no participa en la Mesa de Contratación»,
que consta de 5 miembros de los que 4 son
técnicos, «por lo que queda garantizada la
adjudicación por criterios puramente
técnicos».
Dada la no participación
de Palau en la Mesa de Contratación, el
gerente del Consorcio considera que «no se
ha producido ninguna incompatibilidad» y
que, en todo caso, «se ha aplicado
estrictamente la normativa vigente».
