Hoy sería poco razonable negar que, si
en el Estado estamos duramente enzarzados
en arduos asuntos relacionados con el poder
y con la ideología, que consumen todas las
energías del debate político, en los
niveles autonómico y municipal tenemos un
problema preferente, grave y muy concreto,
que acaba de estallarnos entre las manos:
la corrupción económica, vinculada a la
actividad urbanística. Cuando ésta se ha
desaforado, como acaba de ocurrir en los
últimos años, aquélla se ha disparado hasta
extremos alarmantes, que amenazan con
provocar un verdadero divorcio entre la
opinión pública, lógicamente indignada por
el espectáculo, y la clase política, que
probablemente no ha hecho todo lo posible
ni se ha tomado el necesario interés para
erradicar de su seno a quienes han «abusado
de su poder público en beneficio de lo
privado», por utilizar la definición que ha
dado de la corrupción el Banco Mundial.
Aquí, en Baleares, tenemos bien a mano la
evidencia que corrobora lo que quiero
decir.
El fenómeno de la corrupción
no es nuevo ni nos afecta apenas a
nosotros: está instalado en la
globalización, bien sea porque
efectivamente se haya extendido como
consecuencia de dicho proceso innovador o
porque se le presta más atención una vez
que la información se produce cada vez con
más facilidad y se extiende con menores
rozamientos. El problema es tan perentorio
y la solución tan urgente que ya no caben
especulaciones ni rodeos, ni siquiera una
pausa para tomar impulso a la luz de lo que
ocurre lejos de nosotros: quienes estamos
en la política con verdadera voluntad de
servicio público y nos sentimos
horrorizados ante el indigno espectáculo de
la corrupción tenemos la obligación
ineludible de aplicar todos los esfuerzos a
combatir esta lacra con todas nuestras
fuerzas para poder después reclamar la
confianza perdida a la ciudadanía.
Es posible que, como afirman algunas
voces autorizadas, la corrupción
urbanística esté facilitada por algunos
factores, tales como una descentralización
quizá excesiva de la ordenación del
territorio y una insuficiente financiación
de los entes locales, que les obliga a
buscar recursos irregulares. Seguramente
son éstos, efectivamente, factores que
contribuyen a ello pero yo me niego en
redondo a aceptar que la corrupción, como
cualquier otro delito, esté inducida por
defectos del sistema. Quien desde la
política gestiona el dinero público ha de
hacerlo con total limpieza y transparencia
en todos los casos, sean cuales sean las
condiciones de su trabajo. Y quien
encuentre excusas para no hacerlo así, ha
de ser apartado sin contemplaciones de su
función antes de ser lógicamente conducido
a rendir cuentas por su desvío ante la
justicia penal.
En definitiva,
pienso que ante la evidencia de que en
nuestras Islas ha existido, está existiendo
muy probablemente todavía, un abuso de
confianza de quienes ostentan cargos
políticos hacia la ciudadanía, un
enriquecimiento ilícito de unos cuantos a
costa de los demás, quienes aspiramos a
ejercer la representación de los ciudadanos
y ciudadanas y a gestionar en su nombre las
instituciones tenemos que ser rotundos,
casi brutales, a este respecto: no puede
haber la menor transigencia hacia quien se
desvíe lo más mínimo de ese servicio
público que debe constituir el tronco
medular de nuestra dedicación
política.
Lógicamente, después de
todo lo ocurrido, para convencer a la
ciudadanía de nuestra integridad no basta
con empeñar la propia palabra: es necesario
establecer toda clase de controles, que
especialmente tienen que centrarse en el
del patrimonio de quienes estamos o
queremos estar en la política. Pero dando
este requisito por supuesto, creo que
tenemos además la doble obligación del
proselitismo y del rigor. Y me
explico:
De un lado, hemos de hacer
campaña constante de la limpieza
escrupulosa de la tarea pública, hasta
conseguir que la sociedad nos acompañe en
este designio. Es bien sabido que este país
ha sido durante mucho tiempo el reino de la
picaresca, en el que quien defraudaba a
Hacienda o especulaba con las plusvalías
conseguía incluso prestigio social. Esta
situación tiene que terminar y hemos de
devolver el sentido originario a las
palabras: quien se adueña de lo ajeno es un
ladrón.
De otro lado, hemos de ser
exigentes con la transparencia de la
gestión pública. Para que una sociedad
moderna pueda sentirse a gusto consigo
misma no basta con que sus representantes
no sean unos delincuentes: es necesario que
asuman dignamente su función, que tengan
principios.
Por mi parte, puedo
garantizar que, tanto si consigo la
Alcaldía de Palma gracias a la generosidad
del electorado, como si los ciudadanos y
ciudadanas me otorgan su confianza para que
los represente en la oposición, voy a dar
absoluta preferencia a esta cuestión. La
lucha contra la corrupción es un asunto de
pura supervivencia para las relaciones
políticas de nuestra todavía joven
democracia. Porque no puede existir una
relación cabal entre gobernantes y
gobernados, entre representantes y
representados, si no se instala la
confianza en ella. Y, estando las cosas
como están, la ciudadanía tiene perfecto
derecho a dudar de la palabra de la clase
política. Por lo que tenemos la obligación
de invertir la carga de la prueba, de forma
que exhibamos constantemente nuestra
integridad y demos así credibilidad y
consistencia a nuestra honradez, cuyo
reconocimiento tendremos que ganar a pulso
ante los ojos de todos.
Aina Calvo
es candidata del PSIB a la Alcaldía de
Palma
