PALMA.- Eurodiputados catalanes o de
otras regiones donde se habla catalán, como
la balear Teresa Riera, presentaron ayer, a
iniciativa de Raúl Romeva (ICV), una
interpelación en esta lengua a la Comisión
y al Consejo de la UE en la que defienden
su derecho a volver a usarla en próximas
preguntas.
Además del propio Romeva
y de Riera, firmaron la petición los
socialistas Josep Borrell, Raimon Obiols y
María Badia, los tres catalanes, e Inés
Ayala, de Aragón. También la suscriben el
eurodiputado de CiU Ignasi Guardans, el de
ERC Bernat Joan y el vicepresidente del
Parlamento Europeo Gerard Onesta, del grupo
Los Verdes y procedente de Toulouse, en el
suroeste de Francia.
En su pregunta,
recuerdan que, en virtud del acuerdo
firmado a finales de 2005 entre el Estado
español, el Consejo y la Comisión Europea
sobre uso de lenguas cooficiales en España,
los ciudadanos tienen derecho a formular
preguntas y a esperar respuesta de estas
instituciones en tales lenguas. Subrayan
que este acuerdo busca acercar la UE a la
ciudadanía mediante el reconocimiento de
«su pluralidad lingüística». «Aplicando el
mencionado principio, los eurodiputados y
eurodiputadas que suscriben esta pregunta
piden poder dirigir nuestras preguntas
escritas al Consejo y a la Comisión en
lengua catalana y recibir respuesta también
en catalán», añaden. Los eurodiputados
inquieren a estas instituciones «qué
mecanismos tiene previstos» para cumplir
ese «derecho».
En un comunicado,
Romeva consideró que «los esfuerzos para
acercar las instituciones europeas a la
ciudadanía pasan por que las principales
instituciones reconozcan el uso de las
lenguas que se utilizan habitualmente en la
UE, entre ellas el catalán, con
independencia de si se trata de lenguas de
ámbito estatal o no».
En junio de
2005, el Consejo de la UE acordó, a
petición de España, permitir un uso
limitado del catalán o valenciano, el
gallego y el euskera en las instituciones
europeas, pese a que no son consideradas
lenguas oficiales en el reglamento
lingüístico comunitario.
Para que la
decisión del Consejo se haya aplicado en la
práctica, el Gobierno español ha debido
suscribir acuerdos administrativos con las
diferentes instituciones y órganos:
Comisión, Consejo el Parlamento Europeo,
Comité de las Regiones o Defensor del
Pueblo Europeo.
