URBANISMO
El líder del GOB ha hecho obras ilegales en su finca en zona protegida

A March le han denunciado por un inmueble ‘pirata’ en la finca que posee en una zona Anei de máxima protección en Pollença - Lo levantó con la licencia municipal que le dieron para reformar la ‘possessió’ original - Hay, además, otra construcción sin papeles

A D E M A S  EL MUNDO OPINA Sólo faltaba March Volver a portada > Imprimir

M. A. RUIZ

POLLENÇA.- Un particular ha denunciado ante los Juzgados al portavoz del GOB, Miquel Àngel Marcha, por ejecutar obras presuntamente ilegales sobre suelo rústico en su finca l'Assarell, situada en el Área Natural de Especial Interés (Anei) de la Serra de Tramuntana, que tiene la máxima protección urbanística.

El denunciante ha aportado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Inca, que instruye la causa, fotos aéreas que acreditan la existencia de dos edificaciones rústicas (una posterior a 1979 y la segunda posterior al año 2004) sin que en el Ayuntamiento de Pollença conste la concesión de las oportunas licencias de obra. Ninguna de estas dos construcciones aparece reflejada en la ficha oficial del Catastro.

Miquel Àngel March es propietario de esta finca desde 1993, cuando la recibió en donación de su familia, por lo que al menos la segunda de estas edificaciones sí le sería imputable personalmente a él. En cambio, la primera de las construcciones detectadas no ha sido incluida en la denuncia dirigida a los Juzgados, pues la presunta infracción urbanística ya habría prescrito.

Al tratarse de suelo rústico en un área natural protegida, el Ayuntamiento sólo podría haberle dado licencia para construir edificaciones de nueva planta directamente vinculadas a la actividad agroganadera, una vez la Conselleria de Agricultura acreditara que la finca es una explotación en activo. Pero en los archivos de Urbanismo del Consistorio de Pollença no consta que se haya cumplido ninguno de estos dos trámites.

En consecuencia, el denunciante sostiene en su escrito dirigido al Juzgado que el portavoz del GOB ha vulnerado la Ley de Suelo Rústico, las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), el Plan Territorial de Mallorca y el planeamiento urbanístico de Pollença, por lo pide al juez que condene a March a demoler las dos construcciones presuntamente ilegales.

Según el denunciante, las obras presuntamente realizadas por March podrían constituir un delito contra la Ordenación del Territorio, castigado por los artículos 319.1 y 338 del Código Penal, en su forma agravada al tratarse de una zona con la máxima protección urbanística.

El artículo 319.1 del Código Penal prevé penas de entre seis meses y tres años de prisión, así como la inhabilitación especial para ejercer la profesión durante el mismo período, para «los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una construcción no autorizada» en espacios de especial protección debido a su valor «paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural».

En cuanto al artículo 338 del Código Penal, también invocado en la denuncia, establece que cuando la conductas castigadas por el juez «afecten a algún espacio natural protegido», se impondrá la pena prevista, en su grado superior. Hay que recordar que el paraje de la Serra de Tramuntana en el que se encuentra la finca l'Assarell tiene la máxima protección medioambiental prevista en la Ley de Espacios Naturales de Baleares. Por otro lado, el denunciante considera acreditado que Miquel Àngel March sería el promotor de estas obras ilegales, en su calidad de propietario de la finca.

Por otro lado, el denunciante recuerda que March difícilmente puede alegar desconocimiento de la normativa de Baleares para defender su actuación, pues no en vano durante los últimos años ha sido el abanderado en la cruzada del GOB contra las irregularidades urbanísticas de las islas.

Al respecto, la denuncia recuerda que en la propia página web del GOB March aparece como «responsable» del área de urbanismo y ordenación del territorio, así como de las campañas puestas en marcha sobre «turismo, canteras, agua, energía, residuos, transportes y Serra de Tramuntana». Y es precisamente en este último paraje protegido donde se habrían cometido las irregularidades urbanísticas de su finca.

«Es sobradamente conocida», indica la denuncia, «la actividad del GOB de lucha contra la especulación urbanística y defensa del medio ambiente, apareciendo no pocas veces el denunciado, como portavoz de dicho grupo, denunciando supuestas infracciones urbanísticas y mostrando un conocimiento detallado sobre la legislación urbanística».