JOSÉ M. DE LAMO
EIVISSA.- El
Ayuntamiento de Eivissa celebrará el
próximo lunes, a petición del Grupo
Popular, un Pleno extraordinario con el
objetivo de iniciar el procedimiento de
declaración de nulidad del Decreto de
Alcaldía por el que se aprobaba de manera
unilateral la modificación puntual del Plan
General de Ordenación Urbana de Vila,
conocido como proyecto Eivissa
Centre.
Los regidores
populares aseguraron ayer, a través
de un comunicado de prensa, que si lo que
el equipo de gobierno quiere es que el
Consell Insular continúe con la tramitación
del polémico proyecto «deben anular primero
el decreto que Tarrés aprobó de forma
unilateral e invadiendo, tal y como ya le
ha dicho el Tribunal Superior de Justicia
de Baleares (TSJB), competencias que
corresponden al Consell Insular», en lugar
de «persistir en la línea de amenazas» de
llevar el asunto a los tribunales.
El
concejal Jaime Díaz de Entresotos manifestó
que el alcalde de la ciudad decidió dar «un
paso temerario» y realizó una «huida hacia
adelante» al aprobar por decreto la
modificación del PGOU, saltándose de esta
forma los pasos administrativos pertinentes
«y obviando el papel del Consell Insular
como el órgano competente que ha de dar la
aprobación definitiva al
proyecto».
Díaz de Entresotos recordó
que, el pasado mes de diciembre, el TSJB
suspendió cautelarmente el 'decretazo' de
Tarrés al considerar que se vulneraban las
competencias que debe ejercer la máxima
institución pitiusa en la aprobación
definitiva de la modificación puntual del
PGOU. «Y para que el Consell siga adelante
con la tramitación del proyecto», continuó
el regidor del Grupo Popular, «el
Consistorio debe anular el decreto. Por
ello solicitamos la convocatoria del Pleno
extraordinario que se celebrará el próximo
lunes», añadió.
Díaz de Entresotos
insistió en que el equipo de Gobierno del
Pacte Progressista «abunda en hacer las
cosas cada día peor y, para intentar
ocultar su incompetencia, se dedica a
mentir a los ciudadanos y a confundirles
con los trámites que se deben seguir para
la aprobación del proyecto Eivissa
Centre».
Unos trámites que desde el
Ayuntamiento de Vila «saben que hasta que
los tribunales no resuelvan la legalidad o
no del decreto de Alcaldía, el Consell no
puede seguir con la tramitación de la
modificación del PGOU», por lo que las
amenazas vertidas por el propio Xico Tarrés
y la concejala Lurdes Costa, candidata a la
Alcaldía por la coalición PSOE-Eivissa pel
Canvi en las que amenazaban al Consell con
llevarlo ante los tribunales si no daban el
visto bueno a Eivissa Centre «son, como
mínimo, gratuitas».
Hay que recordar,
además, que el Ayuntamiento no dudó ni un
instante en iniciar una serie de obras que,
bajo el prismas del Plan General de
Ordenación Urbana en vigor en estos
momentos, eran totalmente
ilegales.
Sin embargo, desde el
Consistorio aseguraban que este tipo de
edificaciones sí que las permitía el nuevo
ordenamiento urbanístico, que en ningún
momento ha entrado en vigor.
El
equipo de Gobierno, además, se ha negado en
numerosas ocasiones a presentar el estudio
económico-financiero del proyecto, único
escollo que alegaba la máxima institución
pitiusa para poder continuar con la
tramitación de Eivissa Centre.
