LUCAS SÁEZ-BRAVO
MADRID.- La
Fiscalía de Madrid se resiste al final de
la operación Puerto. Ayer mismo el
Ministerio Público presentó el recurso de
apelación contra el auto del Juzgado de
Instrucción número 31 -del pasado 8 de
marzo- por el que se acordaba el
sobreseimiento libre de la causa iniciada
en mayo de 2006. Dos son los motivos que
esgrime la Fiscalía: 1) que los hechos
«revisten carácter de infracción criminal»
y 2) «la insuficiencia de diligencias
practicadas para su esclarecimiento». Antes
de desarrollar esos dos conceptos, el
escrito le recuerda al juez instructor que
fue él mismo quien consideró que, al menos
en principio, «los hechos podían ser
constitutivos de delito», y por eso se
acordaron «medidas tan restrictivas de
derechos fundamentales como son las
intervenciones telefónicas y los registros
domiciliarios».
Según la Fiscalía,
los hechos que se investigan pueden ser un
delito contra la salud pública porque la
sangre incautada en los registros
domiciliarios debe ser considerada como
«medicamento» y porque, definida como tal,
dice, «la manipulación llevada a cabo
incumple las exigencias técnicas relativas
a su conservación». Sin embargo, el punto
fuerte del recurso presentado reside en «la
falta de diligencias esenciales para el
completo esclarecimiento de los hechos,
siendo por tanto la instrucción practicada
insuficiente para llegar a una resolución
tan trascendental como el archivo de la
causa».
Sobre este segundo aspecto,
recuerda el escrito del Ministerio Público
que, tras la declaración de algunos de los
ciclistas que aparecían como destinatarios
de esa sangre -según la Guardia Civil-, se
les ofreció la posibilidad de cotejar su
ADN con el de las bolsas -para determinar
su pertenencia-, y pese a que aceptaron
-los escasos a los que les fue tomada
declaración-, no se ha llevado a cabo «a
pesar de tratarse de una diligencia
esencial». El fiscal se queja también de
que los análisis periciales realizados por
distintos organismos sólo buscaban
sustancias que pudieran ser nocivas para la
salud, y que deberían ampliarse a extremos
como los procesos a los que es sometida la
sangre desde que es extraída hasta que
vuelve al cuerpo humano.
Por
ejemplo, la acusación pública solicitó un
informe pericial del Centro de
Transfusiones de la Comunidad de Madrid a
fin de determinar «las condiciones en las
que deben practicarse las transfusiones
sanguíneas, su transporte y conservación, y
si el estado en el que se encontraron las
muestras de sangre era el óptimo para no
causar prejuicios en la salud». Esa
petición no fue tomada en cuenta por el
juez.
Por último, el recurso también
recuerda que no se ha procedido al análisis
de toda la documentación informática
intervenida en los registros domiciliarios,
y alude a la reciente sentencia de la
Audiencia Provincial de Madrid en la que se
le deniega a Manolo Saiz la devolución del
dinero que le fue incautado en el momento
de su detención y se acepta la personación
en la causa de la UCI (Unión Ciclista
Internacional) y de Jesús Manzano.
Se
trata de un giro más en el desarrollo de la
operación Puerto, iniciada el 23 de
mayo de 2006 con la detención de cinco
personas. Fruto de la investigación
resultaron imputados -además de Eufemiano
Fuentes, Manolo Saiz, Vicente Belda y José
Luis Merino Batres-, Ignacio Labarta,
director adjunto del Comunidad Valenciana,
Alberto León, ex profesional de bicicleta
de montaña, y los doctores Alfredo Córdova
y Yolanda Fuentes.
Un entuerto
judicial que Jaime Lissavetzky soporta como
puede. Ayer por la mañana, durante una
conferencia en la Universidad Europea de
Madrid -donde compartió mesa con todos sus
predecesores en el cargo-, el actual
secretario de Estado para el Deporte
anunció el recurso que se hizo público por
la tarde, pero no quiso reconocer los daños
que había producido la operación
Puerto: «Sigo manteniendo que ha habido
un trabajo de la Guardia Civil de acuerdo
con la Justicia. No sé si se ha hecho daño
a muchas personas o no. No he tenido
relación ni conocimiento de este asunto
sino por los medios de comunicación».
Seguro que le sonaban a broma los
problemas que cada uno de sus antecesores
relató de su periodo en el cargo. La
preparación de los Juegos de Barcelona, el
plan ADO, la crisis económica del fútbol,
las selecciones autonómicas... nada
comparable con lo que se le ha venido
encima a él con el dopaje. Volvió a
recalcar la línea de tolerancia cero: «El
Gobierno no cejará en la lucha contra el
dopaje y los que negocian con sustancias.
Aplicaremos la ley, aprobada sin votos en
contra, necesaria, entre otras cosas, para
que nuestros hijos no tengan problemas de
salud».
