PUIGPUNYENT.- Miquel Ramón Matas, el
regidor socialista de Hacienda de
Puigpunyent que ha venido adjudicando
contratos públicos a dos empresas
participadas por su hermano, fue condenado
por un juez a ocho arrestos de fin de
semana por no pagar durante siete meses la
pensión alimenticia a dos de sus
hijas.
Según publicó este diario en
mayo de 2003, los hechos se remontan a
enero de 1999. Después de que su ex mujer
interpusiera la denuncia, el acusado abonó
las cantidades adeudadas, lo que sin
embargo no impidió que un juez hallara
culpable a Ramón. Tras ser sentenciado en
primera instancia, su abogado recurrió a la
Audiencia Provincial, que ratificó el
fallo, si bien la condena no se hizo
efectiva por carecer el encausado de
antecedentes.
No pagar la pensión
alimenticia a un ex cónyuge está tipificado
como delito de abandono familiar. Por norma
general, las penas que suelen aplicarse son
de arresto domiciliario, aunque en los
casos más graves también se dictan penas de
ingreso en prisión. No es ni mucho menos el
caso.
En las
listas
Ramón no acreditó
convenientemente las dificultades
económicas por las que atravesaba en ese
periodo y que, según la defensa, le habrían
impedido hacer frente a sus obligaciones.
En la primera de las sentencias, dictada
por el Juzgado de lo Penal número 6 de
Palma, se señalaba que el edil «tenía
posibilidad de cumplir [con el pago de la
pensión] y que si dejó de hacerlo fue de
forma voluntaria y maliciosa». Según este
fallo, tenía ingresos por negocios
relacionados con un estanco y un gimnasio.
El concejal se separó en 1989 y tres años
después, en 1992, acordó judicialmente con
su ex mujer el pago de 50.000 pesetas
mensuales para la manutención de sus hijas.
Cumplió con su obligación durante 7 años
hasta que, según asegura, se le complicaron
las cosas.
Alegó que el cliente más
importante de su estanco le dejó a deber
tres millones de pesetas. Justo en ese
momento se vio obligado a hacer frente a
los pagos de una nueva casa en la que vivía
junto a su segunda mujer y los otros dos
hijos que había tenido con ella.
«No
considero que esta condena pueda
considerarse una mancha en mi expediente»,
indicó entonces el edil, «todo el pueblo
sabe que siempre me he hecho cargo de
ellas», algo que confirmaron a este diario
vecinos consultados del
municipio.
«Fue un
error»
«Cometí un error»,
admitió, «pero en ese momento no creía
justo tener que pagar una pensión a la que
no podía hacer frente cuando mi ex mujer no
tenía necesidad». El edil aseguró que ésta
había reconocido que empleaba el dinero de
la pensión para pagar las mensualidades de
un coche. «Me sentía utilizado». También se
excusó diciendo que su ex mujer reconoció
en el juicio que él era «un buen padre». ¿Y
por qué no retiró la denuncia? «Por las
presiones de su abogado y de las personas
que estaban en su entorno y que la animaron
a presentarla», dijo.
La noticia
trascendió en campaña electoral de 2003,
después de que Francisco Antich lo
incluyera en sus listas como número 25. Y
ya generó un intenso debate acerca de la
oportunidad de que un edil con esos
antecedentes fuera en las listas de la
candidatura de izquierdas. Este diario ha
desvelado ahora que el Ayuntamiento de
Puigpunyent en el que Ramón controla
Hacienda lleva años adjudicando contratos a
dos empresas de su hermano Salvador,
Guimasa y Saguibal. Entre 2004 y 2005
recibió al menos 81.000 euros. Por el mismo
motivo ha dimitido un regidor del PP de
Calvià. Ramón no ha dimitido y seguirá
ocupando el número 6 en la listas del PSOE
al Consell estas elecciones.
