La admisión a trámite de la querella criminal de Núñez y Navarro contra Munar es un paso importante para esclarecer los puntos oscuros que rodean uno de los pelotazos inmobiliarios más escandalosos de Baleares: la venta a mitad de precio de un solar público de 51.000 metros cuadrados ubicado en la parcela de Can Domenge. El magistrado de Instrucción del juzgado número 12, Álvaro Latorre, tiene ante sí uno de los casos más palmarios en los que la intervención política ha causado, con la enajenación de patrimonio público, un quebranto económico de nada menos que 30 millones de euros. El Consell debe aclarar, entre otros puntos oscuros, el apremio por publicar la bases del concurso, el escaso plazo exigido a los concursantes, la venta a un precio tasado descartando la subasta y las sospechas sobre información privilegiada.