MARIONA CERDÓ
PALMA.- La
Asociación de Sociedades de Cazadores sigue
cobrando una cuota anual a sus socios a
pesar de que ya no les vigila los cotos de
caza, función para la que fue creada y que
en estos momentos desarrolla el Consell de
Mallorca. Varias de las sociedades que
están agrupadas bajo esta federación han
expresado su malestar a la dirección, sin
que por ello hayan podido frenar el abono
religioso de la asignación por parte de
todos sus miembros.
La entidad,
dirigida por el también coordinador de la
oficina de Caza del Consell, Miquel Oliver,
procedió a mediados de enero a cobrar a sus
socios la cuota de nueve euros
correspondiente a 2007. Una cantidad que se
convierte en 36.000 euros si se multiplica
por los 4.000 miembros que tiene
aproximadamente la asociación.
Ante
las protestas, Oliver se ha justificado
diciendo que este dinero se utiliza para
pagar «gastos» y «abogados», una
explicación que no satisface a las
sociedades de caza más críticas con la
dirección de la federación, que son, entre
otras, las de Palma, Andratx, Porreres,
Santa Eugènia, Ariany, Campos y
Campanet.
Cabe recordar que la
asociación se ha enfrentado a diversos
procesos judiciales después de despedir a
algunos de sus guardas de caza y que ha
tenido que indemnizar a varios de ellos
después de admitir el propio Oliver que los
había echado de forma «improcedente».
Además, los dirigentes de la entidad, entre
ellos Oliver, también han tenido que
declarar en los juzgados después de que el
juez Juan Manuel Sobrino les citara como
imputados en el caso Piñata.
Las sociedades de caza críticas con
la gestión de Oliver quieren saber por qué
necesita la Asociación de Sociedades de
Cazadores cobrar una cuota cuando ya no se
encarga de contratar a los guardas de
campo.
De hecho, la asociación nació
precisamente para garantizar la protección
y el cuidado de los vedados que pertenecen
a las distintas sociedades federadas. El
salario de los trabajadores se pagaba
inicialmente a partir de la cuota de nueve
euros y, sobre todo, de la subvención anual
que les entregaba el Consell de Mallorca,
que ascendía a unos 200.000 euros cada año.
Sin embargo, a raíz de la polémica
desatada por las informaciones publicadas
por este periódico acerca de la
contratación de los guardas de caza -Oliver
les obligó a afiliarse a Unió Mallorquina y
a hacer trabajos particulares- el Consell
ha dejado de entregar a la asociación la
subvención correspondiente a 2007 y a
partir de este año se encarga personalmente
de la contratación de los guardas de caza.
No se trata de un castigo, sino de
un reajuste de la situación. Cabe tener en
cuenta que quien dirige la Oficina de Caza
del Consell no es otro que el propio
Oliver, con lo que el jefe de los guardas
de caza sigue siendo en el fondo el mismo.
La única diferencia es que la institución
paga ahora directamente el sueldo de sus
trabajadores, mientras que antes lo hacía a
través de la
asociación.
Además, fue el
mismo Oliver quien decidió trasladar a los
guardas de caza que aún le eran fieles a la
Oficina de Caza del Consell. Al resto los
despidió. Les acusaba de haber hablado con
EL MUNDO/El Día de Baleares y de haber dado
lugar a la publicación de diversas
informaciones que demostraban cómo había
utilizado a los trabajadores del Consell
para sus intereses particulares.
Los
miembros de las sociedades de caza críticas
con la dirección de la asociación exigen
saber qué uso se está dando a los 36.000
euros recaudados a partir de la cuota de
socio cuando quien está pagando el sueldo
de los guardas de caza es el Consell.
De hecho, convocaron hace varias
semanas una reunión con el objeto de hablar
con el responsable de Medio Ambiente de la
institución insular, Miquel Àngel Borràs, y
comunicarle que sus exigencias con respecto
a Oliver -le reclaman poder ver las cuentas
de la asociación- nada tenían en contra del
Consell. Sin embargo, Borràs desconvocó el
encuentro alegando que estaba enfermo y
desde entonces no se han producido
novedades.
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