ESTEBAN URREIZTIETA
EDUARDO
COLOM
PALMA.- Entre las 49 obras que
integran la relación elaborada por el juez
Latorre no se encuentra la que desató la
Operación Voramar y sobre la que
gravitó el caso durante los primeros meses.
El titular del Juzgado de Instrucción
número 12 ordenó la detención del ex
alcalde Eugenio Hidalgo y del celador
municipal Jaume Gibert basándose en un
supuesto cohecho denunciado por la Fiscalía
Anticorrupción. Se trataba de dos pagos de
369.424 euros que percibieron Hidalgo y
Gibert después de vender la promotora con
la que operaban: Prollamp de
Ponent.
La compra comprendía también
un privilegiado solar de Cala Llamp que fue
adquirido para construir una promoción de
viviendas. El fiscal Juan Carrau sostuvo
desde el primer momento que se trataba de
un delito de cohecho. Obvió que los dos
supuestos sobornos, se abonaron ante el
notario palmesano Enrique Terrasa Comas. El
primero tenía como beneficiario al Hidalgo
y el segundo, a la esposa del celador
municipal, Antonia Gari Riera.
Ambos
percibieron en total 738.848 euros en
concepto del 66% de la constructora
Prollamp de Ponent en una operación que se
cerró el 25 de mayo de 2005. La transacción
comprendía además la posibilidad de
disponer de un solar en Cala Llamp a nombre
de la empresa que ya disponía de licencia
de obra mayor después de que se la
concediera el propio Hidalgo el 14 de mayo
de 2004.
Esta parcela está ubicada
en la urbanización Costa de Andratx,
concretamente en la calle Tonyina. Allí
autorizó Hidalgo la construcción de una
promoción de pisos de lujo con piscina.
Cuando la obra ya estaba en marcha el hasta
ahora primer edil popular y la mujer
de Jaume Gibert se desprendieron de su
paquete accionarial y, por extensión, de la
obra que estaban acometiendo en el
municipio que dirigía el primero y en el
que el cumplimiento de las normas
urbanísticas corría a cargo del marido de
la segunda.
De esta manera,
abandonaron la promotora cediendo sus
participaciones a las empresas Spanish
Investments e Inversiones Bruja, que
adquirieron cada una de ellas la mayoría
que obraba hasta entonces en poder de
Hidalgo y de Gari.
El 34% restante
lo mantuvo uno de los fundadores de
Prollamp de Ponent, el constructor Manuel
Zapata. Pero es que estas operaciones no
sólo se cerraron ante notario sino que
fueron declaradas a Hacienda hasta en dos
ocasiones y tributaron sus respectivos
impuestos.
A la desaparición total de
esta operación en las resoluciones
judiciales hay que sumar que en la abultada
lista de imputados del caso no se encuentra
ningún miembro de las sociedades que
abonaron los supuestos sobornos a los que
todavía se aferra el fiscal.
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