EL MUNDO OPINA
Una medida cautelar necesaria

El caso Andratx parece estar derivando en un macropleito de discisplina urbanística que la defensa, en una tentativa para huir de cualquier tipo de responsabilidad penal, va a procurar encauzar hacia un proceso de meras irregularidades administrativas en la concesión de licencias. En este contexto parece que se mueve el juez del caso, Álvaro Latorre, quien ha prohibido al Ayuntamiento dar el final de obra a 49 edificaciones que están siendo investigadas en el marco de la operación Voramar. El certificado final de obra es el último trámite administrativo de naturaleza urbanística que conceden los ayuntamientos. La medida cautelar pretende así evitar el daño a terceros en el caso de que estas edificaciones sub iudice -y en las que el fiscal Carrau percibe indicios de ilegalidades urbanísticas como puedan ser el exceso de volumen más allá de lo previsto, estar situadas en un ANEI o haber construido una edificación de nueva planta cuando la licencia permitía sólo una reforma- no pudieran luego legalizarse en toda su extensión o incluso debieran demolerse parcial o totalmente. Al margen de provocar demoras indeseadas que perjudican a los propietarios de las viviendas -la mayor parte, unas víctimas, en definitiva-, hace bien el juez Latorre en preservar su seguridad jurídica extremando la prudencia hasta que no se dilucide la legalidad de las mismas en un proceso que promete ser largo.