El Ayuntamiento de Palma inicia hoy una
de esas obras históricas, largamente
anunciadas que iniciaron su andadura la
pasada legislatura y que supondrán dentro
de dos meses un cambio notable en la
fisionomía de la puerta de entrada a la
capital balear, la Fachada Marítima.
Será a las 11.30 horas cuando la
alcaldesa de Palma, Catalina Cirer y el
president del Govern, Jaume Matas, asistan
al inicio de las obras de derribo de los
cinco bloques de viviendas militares del
Baluard des Príncep. Unos trabajos que se
prolongarán hasta el mes de mayo y que
darán paso a una zona verde que enlazará
las Avenidas con el Parc de la Mar. Tras el
realojo de sus 40 últimos propietarios que
han sido reubicados en viviendas de nueva
construcción edificadas por el Ayuntamiento
de Palma, las edificaciones serán
derribadas mediante un sistema controlado a
fin de que no se vean afectadas las
murallas renacentistas sobre las que se
levantan estas construcciones.
Uno
de los hechos destacados de estos trabajos
es que el Ayuntamiento de Palma deberá
hacer frente a un desembolso económico
considerable para pagar la demolición de
estas construcciones aunque, en su mayor
parte, en concepto de tratamiento de
residuos. Cort deberá abonar 1,4 millones
de euros por este canon al Consell de
Mallorca. Una cantidad que casi duplica el
coste final de esta obra de poco más de
850.000 euros.
Pese al interés
social de la misma la Administración
insular no ha perdonado un solo euro a Cort
por este concepto, ni tampoco ha dado
facilidad alguna para su desembolso, como
ayer aseguraba a este diario el edil de
Vivienda, José Manuel Sierra.
El
concejal que ha negociado la reubicación de
los afectados en las nuevas viviendas
construidas en el Polígono de Levante
indicó ayer que la empresa concesionaria de
estas obras deberá abonar esta tasa «a
medida que vaya entregando los escombros».
Según el Plan de Residuos del Consell los
ayuntamientos sólo pueden conceder una
licencia si el promotor acredita que ha
firmado un contrato con MAC Insular para
garantizar la correcta eliminación de los
residuos generados. Ferrà Tur, a quien el
Consell adjudicó el concurso para la venta
del solar público de Can Domenge a mitad de
su precio real, es accionista de MAC
Insular.
