ESTEBAN URREIZTIETA
PALMA.- Cort
exige a las empresas ganadoras del concurso
de Can Domenge una nueva condición sine
quanon para construir en la
privilegiada parcela del centro de Palma.
El Área de Urbanismo del Consistorio
palmesano ha transmitido a la promotora
catalana Sacresa y a la constructora
mallorquina Ferrátur que deben ceder el 10%
del terreno a Cort. De lo contrario no
obtendrán la preceptiva licencia municipal
de obras y no podrán empezar a edificar.
El Ayuntamiento de Palma exigió
inicialmente a Sacresa-Ferrátur que
construyeran viviendas de protección
oficial (VPO) en el solar de 52.000 metros
cuadrados ubicado entre el Camí de Jesús y
la calle General Riera. Ésta fue la primera
condición impuesta por el Consistorio
palmesano a la vista de que la opción
ganadora había obviado deliberadamente que
la Ley del Suelo le obliga a ceder en este
caso el 10% de la parcela a lo que
técnicamente se denomina «aprovechamiento
medio».
Cort comprobó que el proyecto
presentado y diseñado por el afamado
arquitecto francés Jean Nouvel no
contemplaba este precepto legal y reclamó
que se tradujera en las citadas VPO.
Sesenta para ser más exactos. Sacresa y
Ferrátur se negaron alegando que el Consell
de Mallorca les había asegurado que no
tenían obligación de construir una sola
VPO.
Ante la reiterada negativa de
Sacresa-Ferrátur, Cort ha optado por
reclamarles directamente una décima parte
del suelo para administrarlo. El objetivo
del Consistorio que dirige la
popular Catalina Cirer pasa ahora
por hacerse con esa porción de terreno y
subastarla. Así cumplirá dos objetivos a la
vez. De un lado, cumplir la ley con la
construcción de un total de 60 VPO. Pero,
además, dejar constancia de lo que
realmente vale un terreno que fue vendido
por el Consell de Mallorca a mitad de
precio.
Por 30 millones de euros
cuando uno de los 13 concursantes, la
promotora Núñez y Navarro, propiedad del ex
presidente del FC Barcelona José Luis
Núñez, ofrecía más del doble: 61 millones
de euros. Un segundo concursante, la
promotora balear Ibercon, pujó poniendo
encima de la mesa un total de 45 millones
de euros.
Más
irregularidades
La exigencia de
Cort contrasta con las bases del concurso
diseñado por la institución que dirige
Maria Antònia Munar. El Consell de Mallorca
no sólo no contempló la edificación de VPO
sino que tampoco obligó al ganador a
limitar el precio de las viviendas. Éstos
han sido precisamente dos de los elementos
que, junto al precio máximo fijado para el
solar -30 millones de euros-, han
contribuido a convertir el concurso de Can
Domenge en uno de los mayores escándalos
urbanísticos de la historia de
Baleares.
A estas irregularidades
hay que sumar un sinfín más. Así, Can
Domenge no adoptó la forma de una subasta
sino de un concurso. De una licitación que
se hizo pública el 3 de enero, con la mitad
de la población balear de vacaciones. A
partir de ahí, Munar tan sólo concedió 15
días a los concursantes para elaborar y
presentar sus propuestas. El escándalo
desatado por el plazo más corto de los
últimos tiempos y la virulenta reacción del
Colegio de Arquitectos de las Islas, llevó
al Consell de Mallorca a ampliarlo. La ley
sólo le permitía prorrogarlo en la mitad
del mismo.
Es decir, ocho días. Sin
embargo, la institución presidida por Unió
Mallorquina (UM), optó por el doble
saltándose la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones públicas. Para
concursar, Munar solicitó a los licitantes
una fianza 12 veces superior a la que marca
la ley: 7,3 millones de euros. Sin embargo,
en el caso de que se produzca en el futuro
algún incumplimiento de las bases por parte
del adjudicatario, la cantidad exigida por
el Consell es menor que la que marca la
normativa que rige los concursos públicos:
800.000 euros en lugar del más de un millón
reglamentario.
También
inconstitucional
Pero el concurso
de Can Domenge no sólo es ilegal sino
inconstitucional. Una de las condiciones
que exigió Munar a los aspirantes es que
tuvieran «oficina abierta en la isla de
Mallorca». De no ser así, no podían optar
al solar que formaba parte del patrimonio
del Consell.
Estas son tan sólo
algunas de las irregularidades que han
provocado que el escándalo ya esté en manos
de la Justicia. Sobre la parcela de Can
Domenge llovió inicialmente una avalancha
de contenciosos. El primero fue el
interpuesto por Esquerra Unida-Els Verds. A
este le siguieron otros como el del ex
diputado socialista Carlos Zayas o el del
abogado alemán Von Rottenham.
Pero el
caso ha rebasado ya la frontera de lo
Contencioso-Administrativo para adentrarse
en el terreno penal. La única empresa que
ofreció por el solar exactamente lo que
vale a precio de mercado ha interpuesto una
querella criminal contra Maria Antònia
Munar y todos aquellos consellers -no sólo
los de Unió Mallorquina sino también los
del PP- que dieron el visto bueno con su
voto al pelotazo. También se dirige
contra Ferrátur por anunciar que trabajó en
el proyecto casi con un año de
antelación.
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