JUAN RIERA ROCA
PALMA.-El
Decreto de Mínimos tiene los días contados.
El Decreto del Trilingüismo es el futuro.
Esta es la conclusión de la política que se
está preparando en la Conselleria de
Educación del actual Govern balear, ante la
constatación de dos hechos: uno, el
trilingüismo funciona; dos, sus únicos
problemas son políticos.
El 1
de marzo, tal como informaba este diario en
su edición de ayer, se abre un nuevo plazo,
vigente hasta el 30 de abril, para que
todos los centros, públicos o privados
concertados que lo deseen, soliciten su
adscripción al modelo a partir del curso
que viene. En esta convocatoria no habrá
numerus clausus.
La
Conselleria de Educación espera una
avalancha de centros que soliciten su
entrada en el modelo, incluso, o
especialmente, de entre los centros
públicos, que son sólo seis de los 26
centros que se adhirieron en la primera
fase de implantación del modelo, y sobre
los que se sospecha que pesan fuertes
presiones políticas.
Del éxito de
esta convocatoria que se abre el viernes
depende que se dé un golpe de timón a la
política en esta materia del Govern balear:
si no se produce la avalancha esperada tal
vez la decisión idónea sea implantar la
obligatoriedad del modelo
trilingüe.
Así se ha expresado el
director general de Inspección y
Administración Educativa de la Conselleria
de Educación y responsable de la
implantación del modelo, Jaume Juan, quien
considera que la aplicación del
trilingüismo ha sido un «éxito total» y que
no ha tenido «problema pedagógico» alguno
en su aplicación.
Entonces, ¿a qué se
debe el retardo en su implantación en la
escuela pública? La conclusión que se
baraja en los pasillos de la Conselleria,
aunque cuesta admitirla públicamente por
aquello de lo políticamente
correcto, es sencilla: las presiones
políticas del sindicato independentista
STEI-i impiden que sean más los centros
públicos adheridos.
Ello lleva a
Jaume Juan a concluir que «si el modelo
funciona, si las familias lo demandan y si
los profesores que lo aplican están
satisfechos, habrá que optar por su
obligatoriedad», lo que supone el finiquito
para el Decreto de Mínimos, si las
presiones políticas impiden su implantación
en más centros docentes.
Jaume Juan,
director general de Inspección y
Administración Educativa ha sido
contundente al señalar que «todos los que
se oponen al modelo trilingüe es porque
defienden los intereses de las familias más
ricas que pueden permitirse llevar a sus
hijos a clases particulares de inglés o
enviarlos tres meses a
Inglaterra».
Juan no se arredra al
asegurar que «el modelo del Decreto de
Mínimos está acabado, es un modelo del
siglo pasado» y que quienes defienden que
se mantenga «son en realidad unos
elitistas», en alusión a los problemas
reales que han tenido hasta ahora para
aprender inglés los hijos de familias poco
favorecidas.
El PP ya había
anunciado, tanto a través de su presidente
y candidato, Jaume Matas, como de su
conseller de Educación Francesc Fiol, que
el trilingüismo sería una baza importante
de su programa electoral de cara a las
elecciones del próximo mes de mayo. Su
potenciación es considerada como una
necesidad perentoria.
En estos
momentos son 26 los centros docentes, 6
públicos y 20 privados concertados, que
aplican este modelo, consistente en
utilizar el catalán, el castellano y el
inglés como lenguas vehiculares de la
enseñanza. Es decir, enseñar esas lenguas y
enseñar «en» esas lenguas, como modo de
llevarlas a la práctica de forma
realista.
El modelo trilingüe prevé
un reparto a partes iguales de las horas
docentes en las tres lenguas o, en su
defecto, un 20% de horas en inglés (u otra
lengua de impacto internacional similar),
un 40% en castellano y un 40% en catalán.
En la práctica, no sólo sirve para mejorar
en inglés sino que «rescata» el uso del
castellano.
Lengua
hegemónica
Y eso es lo que desde
el STEI-i y el entorno nacionalista no
están dispuestos a soportar, que se ponga
el castellano al mismo nivel que el
catalán, tras el avance que había llevado a
la lengua «propia» (entre comillas) de las
Islas a ser prácticamente hegemónica en un
modelo educativo cada vez más inmerso en la
lengua catalana.
Esta inmersión goza
aún del apoyo de toda la izquierda y al PP
le cuesta entrar a fondo a cambiar unos
modelos, en una acción para la que
necesitaría la cooperación del profesorado,
de un profesorado que vota STEI-i en un 60%
y entre cuyo resto están muchos
profesionales que dicen sentirse
coartados.
El modelo del Decreto de
Mínimos, por su parte, nacido en un momento
en el que lo que primaba era la aplicación
de la Ley de Normalización Lingüística, ha
servido en la práctica para relegar al
castellano a la mínima expresión, y que el
decreto ordena un «mínimo» del 50% en
catalán pero no fija mínimos para el
castellano.
Esto ha generado el
disgusto de muchos padres que rechazan
tanto que sus hijos no aprendan suficiente
castellano en la escuela, como que la
lengua «vernácula» (entre comillas) que
aprendan sea el catalán estándar de
Cataluña en lugar del mallorquín, el
menorquín o el ibicenco, modalidades
lingüísticas propias de las Islas.
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