E. COLOM / M. CERDÓ
PALMA.- El
Partido Popular ha cambiado sus cromos en
Santa Margalida, Ses Salines y Andratx,
municipios salpicados por escándalos de
corrupción. Pero no en Llucmajor, donde
sigue apostando por un Lluc Tomàs que tras
ocho años como alcalde se enfrenta a las
contundentes acusaciones de la Fiscalía
Anticorrupción: «prevaricación continuada»,
«defraudación a la Administración» y
«negociaciones prohibidas a funcionarios
públicos». Tres imputaciones derivadas del
caso Rabasco.
Pere Rotger,
presidente del PP de Mallorca, confirmó
esta semana que Tomàs será el candidato
«siempre que él no tenga inconveniente». El
presidente del Parlament manifestó a este
diario su convencimiento de que las causas
judiciales abiertas en contra de Tomàs
«acabarán en nada» y que por tanto el
veterano alcalde de Llucmajor podrá seguir
rigiendo el Ayuntamiento si su partido
revalida la mayoría en las próximas
elecciones municipales de
mayo.
Mientras el foco mediático y la
Fiscalía Anticorrupción apuntan
directamente hacia otros municipios
controlados por el PP, Llucmajor ha pasado
a un segundo plano. Eso pese a que el
actual alcalde y su antiguo socio de ASI
(Agrupación Social Independiente), Joaquín
Rabasco, tienen causas pendientes en el
Juzgado de Instrucción nº 6 de
Palma.
Juan Carrau, titular de la
Fiscalía Anticorrupción en Baleares, emitió
un informe en mayo del pasado año en el que
responsabilizaba a Tomàs de delinquir para
consentir a Rabasco y a la amiga íntima de
éste distraer de las arcas municipales «más
de un millón de euros públicos» en
dirección al entramado de empresas
auspiciadas por el líder de ASI, que acabó
saliendo del gobierno después de que este
diario detallara una a una sus maniobras
presuntamente
delictivas.
'Entramado'
No en vano, según sostenía el informe de
Carrau, el alcalde del PP firmó de su puño
y letra adjudicaciones a la empresa del
líder de ASI (Agrupación Social
Independiente) y a las de su colaboradora
Aldao por valor de «1.047.967 euros»
públicos. El concepto de los pagos, que
fueron fraccionados hasta en 98
adjudicaciones para llevarlos a cabo a
dedo y eludir de esta forma el concurso
público, fue la contratación de eventos
musicales para las fiestas del municipio.
Grupos como Tam Tam Go, solistas como
Sergio Dalma, meretrices como Malena Gracia
y hasta la mismísima banda en el que canta
el imputado Rabasco -Los Brunos-
participaron en los festejos y fueron
remunerados por ello.
Las empresas
pantalla del dúo Rabasco-Aldao (Majo
Sport, S.L.; Tenedi Ambiente, S.L.; Retsar
Music, S.L.; y Rodema Swin, S.L) hacían de
intermediarias entre los músicos y el
Consistorio y la diferencia entre el dinero
que salía del Ayuntamiento de Llucmajor y
el coste real de las actuaciones, según
certifica la policía judicial y el propio
fiscal, se quedaba por el camino.
Las contrataciones supuestamente
ilegales no habrían sido posibles sin la
firma del primer edil. De ahí que Carrau le
incluya en sus acusaciones.
El
agujero presuntamente generado por
Rabasco con la colaboración necesaria de
Tomàs no ha sido impedimento para que la
formación de este último le haya ratifique
hasta en tres ocasiones en el último año.
Este último espaldarazo se produce a
escasos tres meses de las elecciones y en
plena vorágine del caso Andratx,
presunto caso de corrupción urbanística que
ha acabado con un alcalde del PP detenido y
encarcelado mientras Carrau le investigue.
A diferencia de Tomàs, Hidalgo fue
expulsado inmediatamente del partido el
mismo día en que lo sacaron esposado del
Ayuntamiento de Andratx.
