En las últimas semanas inesperada pero afortunadamente nos hemos dado de bruces con el caso de Andratx, que ya hace años que clamaba al cielo. Andratx ha eclipsado que salga a la luz lo que venía ocurriendo por ejemplo en Sóller y en Pollença, municipios regidos los últimos años por la alianza PP-UM, aunque el PSOE y otras fuerzas hayan también tenido su sitio en las gestiones municipales. En Sóller, el PSOE de Ramon Socías se cargó el entorno del Port, y ahora el PP de Carlos Simarro está destrozando la huerta y los preciosos olivares de Muleta. En la Pollença de Juan Cerdà (UM), eterno edil de urbanismo y, para colmo, además actual Conseller de Patrimonio, las edificaciones irregulares e ilegales anunciadas por la prensa durante los últimos años, vienen proliferando.

Si los partidos son órganos de la expresión de las demandas e intereses sociales de una comunidad, o bien se han mostrado incapaces de cumplir adecuadamente sus funciones, bien la comunidad se ha mostrado obtusa e insensible ante un hecho social y económico de extrema gravedad. Todas las encuestas muestran una creciente tendencia a la abstención electoral en nuestras Islas. Especialmente entre los jóvenes cunde la opinión de que los políticos a todos los niveles y de todos los partidos se aúpan en el poder bien por ambición o, lo que es peor, para forrarse. La razón del desprestigio de los partidos suele atribuirse generalmente a su incapacidad para recoger las aspiraciones o las preocupaciones que siente la ciudadanía, que no encontraría formas eficaces de canalizar sus demandas de mayor transparencia, dedicación y honradez por parte de los servidores públicos.

Los ayuntamientos intentan entonces ganarse a los vecinos montando espectaculares foguerons, beneïdes, moros y cristianos y otros festejos, sin aparente límite de gasto. Así parecen tener contentos a aquellos vecinos a quienes pudiera preocuparles las irregularidades urbanísticas, especialmente frecuentes en algunos municipios de la extraordinaria Serra de Tramuntana. Estos se perjudican por una interpretación inaceptablemente laxa en las limitaciones de altura, localización y tamaño de las viviendas que establece la Ley de Espacios Naturales, así como por la minuciosidad que hace de socialmente molesto cumplimiento la Ley de Disciplina Urbanística. Para ello cuentan con la connivencia de las Comisiones Insulares de Urbanismo de Mallorca y de Ibiza, en los contados casos en que éstas aceptan subrogarse en el control de la disciplina urbanística.

Pero no siempre existe licencia de construcción, pues basta con iniciar la obra de «adecentar» una, muchas veces supuesta, casa de aperos o situarla junto a un pozo que disponga de licencia. Lo que cuenta realmente es contratar un arquitecto y /o un abogado que «tenga manga» en el ayuntamiento. Este, incluso en el caso extraordinariamente infrecuente de que haya una reclamación por escrito de un vecino, algo que estos suelen rehusar hacer por temor a represalias del consistorio, éste seguirá permitiendo la obra ilegal hasta su terminación. Y luego qué: ¿quién es el bueno que consigue una orden de derribo? Los hechos consumados están al orden del día. Son la medida real de nuestro urbanismo en amplias zonas rurales, especialmente las de paisajes más bellos y consecuentemente más valiosos. Lo más triste del caso es que este estado de cosas goza de un real apoyo popular: no sólo está bien visto sino constituye una prueba de que el infractor es un tío con coraje o que tiene amigos influyentes. Con un civismo de esta calidad y el sustrato de una ciudadanía desgraciadamente con insuficiente nivel cultural y un alto nivel de obtuso egoísmo, apañados están los políticos que intenten remediar los abusos urbanísticos usuales en municipios tales como Sóller y Pollença, por citar los casos más escandalosos. En consecuencia ante la impotencia o falta de voluntad de la clase política y la interminable resolución de los contenciosos administrativos, lamentablemente y ello no es un signo de salud democrática, no queda más remedio que recurrir a la jurisdicción penal, única rápida y expeditiva. Y en esto estamos quienes nos preocupamos de que nuestras Islas no vean su entorno gradual e inexorablemente degradado por sospechosas desidias urbanísticas.