Si nos dieran a elegir una escena de la
historia del cine, la mayoría de nosotros
se quedaría con ésa en la que Rick (el duro
por antonomasia, Humphrey Bogart), le
suelta entre alucinado y extasiado a la
hipermegabella Ilsa (Ingrid Bergman): «De
entre todos los tugurios que hay en el
mundo, tenías que entrar en el mío».
Convenientemente retocada esta
miniparrafada de la madre de todas las
gozadas cinematográficas, Casablanca
(1942), es la paráfrasis perfecta para
definir lo que está sucediendo tanto a
nivel nacional como en el microcosmos local
entre un PSOE empeñado en utilizar
torticeramente todo el aparataje del Estado
para empurar a todo lo que huela a PP y un
PP que permanece groggy porque no
sabe ni cuándo ni por dónde le va a venir
la próxima ensalada de bofetadas.
Yo
me planteo la mismita pregunta que el
personal e intransferible propietario del
Rick's Cafe: «¿Por qué de entre todos los
tugurios municipales que existen en España,
que los hay y a puñados, casualmente
la Fiscalía y la Policía irrumpen en unos
sí y en otros no? ¿por qué de todos los
chorizazos, chorizos y choricillos que hay
a lo largo y ancho de la geografía nacional
sólo se llevan palante a los que
portan un carné con dos siglas sobrevoladas
por una gaviota?
Le doy públicamente
unos simbólicos 100 euros al ciudadano o
ciudadana -que diría el único español que
dice estar por encima de la ley, Juan José
Ibarretxe- que me nombre un solo alcalde o
concejal socialista que haya sido arrestado
en los últimos meses al estilo
Andratx, asaltando a lo hombres de
Harrelson el Ayuntamiento; al modo
Alhaurín, cuando vas por la calle tras
reunirte con tu jefe Rajoy; o a la
moganesa, colocándote las esposas en
tu hogar en presencia de tu mujer, de la
abuela, del perro, del gato, del hámster o
de tus hijos si es preciso, que éstos no se
cortan un pelo así los maten.
El
hombre (uséase Rajoy) que acaba de
desperdiciar la mejor oportunidad que ha
tenido en tres años para poner cuatro o
cinco puntos de por medio frente al peor
presidente de la democracia se queja
amargamente de este doble rasero. El
registrador en excedencia de Santa Pola
facilitó la semana pasada en voz baja, como
queriendo pedir perdón, un par de datos que
lo dicen todo: «Sólo en Andalucía hay 27
alcaldes del PSOE imputados, 20 de ellos
por delitos urbanísticos... y curiosamente
a ninguno se le ha detenido sino que se les
llama directamente por teléfono para que se
presenten en el juzgado». Más que curioso,
es cantoso. Teniendo en cuenta el
nivelón ético de esa casta
socialista que lleva 24 años encastillada
en Andalucía, me imagino que no serán
precisamente corruptelillas lo que se
atribuye a estos 27 regidores.
Tiene
gracia o más bien no tiene ninguna que la
parafernalia a lo GEO desplegada para
capturar a Hidalgo -50 guardias civiles y
las cámaras de TVE en directo- no haya
tenido su traslación a Andalucía, a
Ciempozuelos o a Elche. Les recuerdo, por
ejemplo, que al hasta hace mes y pico
alcalde socialista de la localidad
madrileña se le acusa con las pruebas más
demoledoras que he visto en mucho tiempo de
haber firmado un documento por el cual se
comprometía a recalificar una parcela para
levantar 5.000 pisos a cambio de la
módica coima de 40 millones de euros
(6.600 millones de pesetas). Ahí está un
documento tan real como la vida
misma.
El aluvión de pruebas es tal
que al fulano le han descubierto hasta la
cuenta que inevitablemente todo corrupto
posee en un paraíso fiscal. En este caso
esa Andorra que con tanta frecuencia visita
la mangante mayor de nuestro reino. Pedro
Torrejón, que así se llama el
multimillonario sujeto, acumulaba en el
Andbanc andorrano lo que Juan Balear gana
todos los días: 900.000 euros (150 millones
de pesetas). Pues bien: a este más que
presunto delincuente, no lo sacaron
esposado del Ayuntamiento, tampoco lo
capturaron en su hogar y menos aún le
dieron el alto cuando caminaba
tranquilamente por la calle. Por una
sencilla razón: jamás le han detenido, ni
con cámaras de televisión ni sin ellas.
El cante jondo es ya definitivo si
atendemos a otros dos detalles de
na: el jefe de la Brigada de
Delincuencia Económica, Vicente García
Novoa, denunció públicamente que desde las
rubalcanescas alturas le ordenaron no
menealla incluso después de que el
fisco andorrano les remitiera todo lujo de
pruebas materiales sobre la punta de este
sucio iceberg. Por si fuera poco, el
ministerio público exigió que no se le
imputase e intentó apartar de la causa al
juez natural, intuyo que acatando órdenes
de ese fiscal general del Estado que
constitucionalmente está a lo que dicte el
ministro de Justicia de turno. Al final, lo
mandaron al hotel rejas porque el
magistrado se puso decentemente el mundo
por montera. Ni más ni menos, ni menos ni
más. Que, si no, el tal Torrejón
continuaría tan campante como el todavía
alcalde de Elche, el también socialista
Diego Macià, cuya familia política compró
un terreno justo al ladito de donde nadie
salvo ellos sabían que se iba a construir
un Corte Inglés. Resultado: el clan de la
mujerísima se ha metido en la
buchaca en año y medio una insignificante
plusvalía de 11 millones de euros que se
dice pronto. Macià jamás ha tenido que
pasar siquiera por el cuartelillo y ahí
sigue más chulo que un ocho, especialmente,
tras proclamar su jefe de filas (Joan
Ignasi Pla) su casta inocencia. «Es un
hombre honesto y transparente»,
dixit el socialista que aspira a
jubilar a Camps con la lucha contra la
corrupción como bandera.
Choca tanta
pasividad con la estresante actividad
exhibida por la Fiscalía a norte, sur, este
y oeste en todos aquellos municipios en los
que el PP gobierna solo o en compañía de
otros. A saber: Alhaurín El Grande, Mogán,
Telde, Ronda, Andratx, Torrevieja, Alicante
y un tan largo como mosqueante etcétera.
Una casualidad entra estadísticamente
dentro de lo normal, dos son milagro y tres
o más juntas resultan un imposible físico y
metafísico. Esto último es lo que ha
sucedido con tres de los cuatro o cinco
últimos rejonazos del ministerio público:
dos se han producido en esa Gran Canaria en
la que se presentará López Aguilar, todavía
jefe de Cándido Conde Pumpido, y el tercero
ha herido de muerte al alcalde de Santa
Cruz que, casualidad al cuadrado, es
santo y seña de una Coalición Canaria que
luchará a cara de perro con el todavía
ministro por la Presidencia de la
comunidad. No tendría ninguna duda de que
todos estos ediles populares están
bien empurados si no fuera porque tamaño
celo fiscal ha sido unidireccional. ¿O es
que acaso son las huestes de Rajoy unos
golfos redomados y las de ZP poco menos que
la reencarnación de la Madre Teresa de
Calcuta? La lógica más elemental indica que
va a ser que no y ese sentido común que es
el menos común de los sentidos permite
inferir que en todas partes cuecen habas.
Como al militar el valor, a la
Fiscalía la imparcialidad se le debería
suponer. Pero desgraciadamente las cosas no
son ni como nos gustaría que fueran ni como
dicta que sean unas leyes que en esta
democracia enferma se aproximan a la
condición de papel mojado. No recuerdo
quién es el cínico que esbozó aquello de
que «las normas se crean para incumplirlas»
ni tampoco de quién es el copyright
de aquello otro de «hecha la ley, hecha la
trampa» pero, hipócritas o no, lo clavaron.
Tanto la Constitución como el Estatuto del
Ministerio Fiscal contienen resabios
franquistas y por eso pasa lo que pasa. La
Carta Magna prescribe en el artículo 124.4
que «el fiscal general sea nombrado por el
Rey a propuesta del presidente» y el
Estatuto de esta función clave en cualquier
democracia digna de tal nombre señala que
«el Gobierno podrá interesar del fiscal del
Estado que promueva ante los tribunales las
actuaciones pertinentes». Dicho en román
paladino: así como en el mundo de la
empresa el que paga, manda; en el de la
Fiscalía el que nombra, manda.
Bajando a la realidad balear es
menester resaltar por enésima vez la
discriminación positiva que se dispensa a
esa Cueva de Alí Babá que es el Consell de
Mallorca mientras a un Hidalgo que tampoco
es ninguna hermanita de la caridad, se le
enchirona, se le desenchirona y se le
vuelve a enchironar con un gran eje
argumental que es un cohecho de 740.000
euros que resultó una compraventa ante
notario y declarada a Hacienda. Porque
delitos urbanísticos seguro que haberlos,
haylos y para dar y tomar, pero por esa
regla de tres habría que meter en el trullo
a media Mallorca y parte de la otra,
incluidos el líder de UM en Andratx, un
caballista ful llamado Josep Bestard, esa
buena gente que es el baranda local del
PSM, Gabriel Puigserver, o el propio
conseller de Medio Ambiente de la Isla,
Miquel Ángel Borràs, que se hizo un
casoplón en zona protegida.
Y aun a
riesgo de ser tildado de coñazo hago
constar por enésima vez que este servidor
no le compraría jamás ni un coche usado de
juguete a un picoleto metido a alcalde
andritxol cuyas andanzas huelen peor que
mal. Es ocioso descubrir que hablo de un
Eugenio Hidalgo que mezclaba lo público y
lo privado como es habitual entre nuestra
res publica: con una desvergüenza
pasmosa. Pero en democracia el viaje es el
que es: primero se recogen las pruebas y
luego en todo caso se le priva de libertad
pero no al revés porque la señal de
prohibido es imponente. Encarcelar para
buscar delitos es un atentado contra todos
los derechos humanos habidos y por
haber.
Este menda sólo se creerá la
Operación Voramar el día que haya Operación
Munar y/o Operación Nadal, la mañana en que
nos desayunemos con la Operación Verger y
la tarde en que hagamos la digestión
mientras la Fiscalía hace su trabajo en ese
pozo de medias verdades y mentiras enteras
que es un caso Eivissa Centre que ha
enfangado al PSOE pitiuso.
Resulta
un insulto a la inteligencia intentar
hacernos comulgar con ruedas de molino
jurándonos y perjurándonos que el único
leit motiv de la Operación Voramar es
la «regeneración de la vida pública» y «la
defensa del interés general». Menos lobos,
caperucita.
Matas anduvo hace una
semana maquiavélicamente fino al
invitar a Antoni del Olmo a coger la
puerta e irse por donde había venido. Que
el fiscal ¿antiqué? se iba derechito a
Santa Margalilda es de cajón, entre otras
cosas, porque el modus operandi es
idéntico al de Andratx: se crea el caldo de
cultivo adecuado con los medios amigos
lanzando globos sonda día sí, día también,
se despliega un equipo de patas negras
sobre el terreno, se pinchan teléfonos como
locos y, ¡zas!, en el momento adecuado se
pega el zarpazo. Ahora están que se suben
por las paredes al haberse quedado sin el
caramelito a tres meses y 23 días de las
elecciones. ¿Será Ciutadella -también coto
privado del PP- el siguiente de la lista o
seguirán intentando reanimar un caso
Andratx que, se pongan como se pongan,
pierde fuelle por momentos? Lo único claro
es que el PSOE no va a permitir que esto
quede así como así. Para volver al Consolat
se tienen que agarrar a un clavo ardiendo,
el problema es que esta tea es más bien un
suflé mal hecho que se hincha pero luego se
deshincha repentinamente.
Mientras
haya Ibarretxes aquí y en el resto de
España que están por encima de la ley,
seguiré negando la mayor. El día en que
Doña Justicia entre en el tugurio del
lehendakari, en el de MAM, en el de
Verger o en el de Nadal, volveré a creer en
los Reyes Magos y certificaré que el
caso Andratx y los que están por
venir nada tienen que ver con esa fecha
fatídica que es el 27 de mayo. Justicia,
sí, por supuesto, pero para todos.
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