El incremento de las órdenes de protección a mujeres maltratadas responde a una tendencia sobrevenida por la entrada en vigor de la ley contra la violencia de género. La existencia de esta ley, que comenzó aplicarse de una manera precipitada ante una evidente falta de medios, ha provocado un alud de denuncias de violencia contra las mujeres que se ha substanciado en numerosas órdenes de protección. Ante este tipo de medidas que deben reforzar la seguridad de las víctimas no siempre se actúa de forma efectiva. La creación de nuevos juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer no es garantía para que disminuyan los malos tratos. Las órdenes de protección deben ser tuteladas, cuando se trata de órdenes de alejamiento, con medios especiales que la administración todavía tiene en número muy escaso. Hasta que cada maltratador no pueda ser controlado con un brazalete electrónico o por un agente no se podrá garantizar la seguridad de las mujeres que han aceptado esta medida para evitar nuevas agresiones.