EDUARDO COLOM
PALMA.-
Eugenio Hidalgo preparaba ayer tarde el
equipaje en su chalé de Cala Moragues. Hoy
volverá a dormir en la prisión provincial,
de donde salió el pasado 13 de diciembre
tras dos primeras semanas de internamiento.
La Audiencia Provincial de Palma ordenó
ayer que el ex alcalde de Andratx acusado
de seis delitos relacionados con la
corrupción urbanística reingrese en la
cárcel y permanezca allí un máximo de dos
meses más. Comunicado pero sin posibilidad
de salir bajo fianza. Jaime Gibert,
inspector de obras del Ayuntamiento y «mano
derecha de Hidalgo» según el Tribunal,
deberá acompañarle en el reingreso.
Este segundo encarcelamiento sólo
podrá reducirse en caso de que el
Ministerio Público, que pidió 45 días de
confinamiento, así lo considere oportuno.
La fórmula pone la llave de su libertad en
manos del titular de la Fiscalía
Anticorrupción Juan Carrau. Y no en las del
juez que instruye el caso, Álvaro Latorre.
La decisión fue calificada de «inaudita»
ayer por los dos letrados que defienden a
Hidalgo y a Gibert, ambos con una dilatada
trayectoria profesional a sus
espaldas.
Los tres altos magistrados
de la Sección Segunda -Catany, Calderón e
Yllanes- estiman así el recurso presentado
por Carrau y contradicen el criterio de
Latorre, que consideró que la libertad de
los acusados no interfiere en la
investigación. Textualmente, la Audiencia
aprecia que la libertad de Hidalgo sigue
constituyendo «un indiscutible obstáculo
para el desarrollo de la investigación
judicial». Eso pese a los 49 días que los
encausados llevan ya en libertad desde su
primera salida de la cárcel.
Para
argumentar su decisión, los jueces se basan
en varias de las conversaciones telefónicas
pinchadas del teléfono móvil de
Hidalgo durante la fase inicial de la
instrucción. En ellas, como considera
acreditado la Audiencia, el ex alcalde
«trató de contactar con agentes del
Servicio de Protección de la Naturaleza de
la Guardia Civil que le investigaban (...)
dio a otros interlocutores el nombre de
algún juez encargado de tramitar asuntos
relacionados con su causa (...) e intentó
acceder a otro juez aprovechando una
fiesta». Estas maniobras se habrían
producido antes de que Hidalgo pasara su
primera etapa en prisión, lo que no ha sido
óbice para que la Audiencia considere
demostrado que su libertad sigue siendo una
amenaza para el curso de las pesquisas. Los
«múltiples contactos» de que goza el ex
alcalde, sostienen los jueces, le permiten
tener «libre acceso a cuantas personas
están relacionadas con las actuaciones que
se investigan». Pese a que no aprecian
ningún riesgo de fuga, sí consideran que
podría utilizar su libertad para influir en
parte del centenar de testigos que todavía
deben declarar ante
Latorre.
Documentos
Tamb
ién aprecian que podría alterar pruebas
documentales. En este sentido, los
magistrados insisten en lo que ya apuntó
Anticorrupción: que Hidalgo no eliminó
«resúmenes de prensa» cuando visitó el
Ayuntamiento el día previo a su detención
sino que entre la documentación de la que
se deshizo había «convocatorias de juntas
de gobierno, actas de sesiones del Pleno y
otros soportes con actuaciones
diversas».
En el caso de Gibert no
hay evidencias telefónicas. El Tribunal
considera que actuaba de común acuerdo con
Hidalgo y que el celador era «la mano
derecha» del alcalde. Pese a que no existe
constancia de la influencia de Gibert en
testigos o pruebas, la Audiencia le envía
igualmente a prisión mientras prosigan las
indagaciones en base a que de sus
actuaciones en el Ayuntamiento emana «un
claro e inequívoco tufo de
ilicitud».
En lo que respecta a los
indicios de delito, la Audiencia no aporta
novedades. «Elude examinar» si realmente
existen pruebas de delitos de negociaciones
prohibidas, cohecho, asociación ilícita,
blanqueo de capitales o tráfico de
influencias como defendió Carrau el pasado
lunes en la vista celebrada en la
Audiencia. Algunas de ellos, subraya la
Audiencia, infracciones que sólo llevan
aparejadas multas o inhabilitación. Y no
cárcel.
Únicamente cita uno de los
casos, que considera paradigmático. Se
trata de la ampliación presuntamente ilegal
que hizo Hidalgo de una nave agrícola de su
propiedad. Ampliación que acometió siendo
alcalde en base a una licencia de
«explotación agraria» certificada por
Gibert. La Audiencia indica que Hidalgo «no
se dedica profesionalmente a la
agricultura» y, en base a las fotografías
aportadas por el fiscal, agrega que a esa
edificación no se le daba ese uso ya que
había «antenas parabólicas, equipos de
música y barbacoas».
La Audiencia
utiliza este caso como paradigma de la
presunta trama de corrupción urbanística
denunciada por Carrau y que, según indican
los jueces de la Audiencia, se traducía en
la variación irregular de calificaciones
urbanísticas en función de quien lo
solicitara. Incluidas zonas naturales
protegidas como ANEI. Estos supuestos
delitos contra la ordenación del territorio
a través de documentos falsos llevan
aparejadas penas de entre tres y seis años
de prisión.
La defensa de Hidalgo,
armada por Rafael Perera, anunció que no
recurrirá. Y confió en que Carrau, «con la
gran capacidad técnica y la calidad humana
que tiene» no agotará el plazo de dos meses
que le ha dado la Audiencia para investigar
sin interferencias de los encausados. «A
buen seguro que acelerará el ritmo de las
investigaciones y declaraciones» para que
Hidalgo y Gibert no permanezcan mucho
tiempo en prisión cuando no hay sentencia
firme.
Tanto el también ex magistrado
Perera como Juan Matas Pons, abogado de
Gibert y penalista con 32 años de
experiencia, consideraron «inaudita» la
resolución de la Audiencia de dejar en
manos de la Fiscalía y no en manos del juez
instructor la posible libertad de los dos
imputados.
Máxime cuando el juez
Latorre ya se había pronunciado
tajantemente sobre el asunto, había
aplicado severas medidas sobre los acusados
para apartarlos de las pruebas y les había
impuesto fianzas de 100.000 y 60.000 euros
para abandonar el centro penitenciario.
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