JOFRE SÁEZ
MAÓ/MAHÓN.- Era
la primera sesión plenaria insular del año.
En ella el equipo de gobierno del Consell
aprobó, con la abstención del PP, la
propuesta de solicitar a la conselleria de
Agricultura del Govern «la misma aportación
del año anterior para la incineración de
bovinos» y, «en la medida de lo posible,
que aumente la aportación para junto con la
del Consell, Entidad Estatal de Seguros
Agrarios (ENESA) y del Govern sumen el 80%
del coste».
El Partido Popular, sin
embargo, no entendió muy bien a qué se
debía esta necesidad. Según el conseller
popular, Fernando Villalonga, esta
petición sorprendía a su grupo: «Nos
sorprende que de una competencia ya
transferida se pidan ayudas económicas». Y
recordó a Allés que en 2006 firmó un
convenio con el Fondo de Garantía Agraria y
Pesquera de las Islas Baleares, Fogaiba,
con el cual aceptaba asumir el gasto que
implicaba la incineración de los animales.
Por todo ello, Villalonga acusó a la
consellera de Economía, Tuni Allés, de
buscarse problemas ella sola.
Hasta
la fecha, el Estado financiaba el 42% de
los 360 euros que cuesta incinerar cada
animal. El objetivo del sector agrario es
llegar hasta el 80%, bonificación máxima
permitida por la Comisión Europea. Con ella
los ganaderos sólo tendrían que sufragar un
coste de 5,61 euros por res
incinerado.
Villalonga, en su turno
de réplica, tiró atrás en el tiempo y
recordó a Allés que en 1999, cuando se
produjo la transferencia competencial de
los fondos de Agricultura, el Govern
mantuvo el coste que significaba el
entierro de los animales. Y vaticinó que
Allés se la jugó cuando decidió cambiar el
entierro por los hornos crematorios
pensando que lo podría financiar a través
de las seguros agrarios, que también
estaban transferidos.
Vuelos
interislas a 27,5 E
Por su parte,
la consellera contradijo los argumentos del
popular, afirmando que el horno
incinerador llegó con el compromiso de la
consellera de Agricultura y Pesca,
Margalida Moner, de subvencionarlo. Una
aportación que la consellera Moner no
realizó y, a su vez, lamentó que en la
campaña de seguros de 2007, «se haya
excluido la línea de financiación». Por
todo ello, la consellera de Economía afirmó
que el Govern «no quiere hacer ninguna
aportación» y que «es triste que nunca se
defienda el sector agrario de Menorca».
En el último turno de respuesta,
Allés ironizó sobre la abstención del PP a
la propuesta en relación a la aportación de
la conselleria de Agricultura para la
contratación de seguros de los ganaderos
para la incineración de bovinos: «Es
significativo que la oposición se abstenga,
y no vote en contra. Pues algo deben pensar
que hacen mal».
Ahora sí. La
propuesta que contemplaba el
establecimiento de una tarifa máxima de
27,5 euros para los vuelos entre islas y la
aportación del Gobierno de recursos para
llevar a cabo los descuentos del 50% en los
vuelos fue aprobado por
unanimidad.
Aún así, el portavoz del
PP en el Consell, José Seguí, indicó que
era un tema que debía solucionarse cuanto
antes mejor y que surgía de la propuesta
del Govern.
Sin embargo el conseller
de Movilidad, Damià Borràs, agregó que se
le ha dado contenido a la propuesta de
Matas a través del acuerdo con el
Ministerio de Fomento. Un acuerdo con el
que se modificó la declaración de servicio
público de los vuelos entre
islas.
Según explicó Damià Borràs,
«la declaración de servicio público era el
instrumento jurídico necesario y que sacaba
adelante la propuesta del Govern Matas de
rebajar los vuelos entre islas a 27,5
euros».
