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  Martes, 30 de enero de 2007 Actualizado a las 01:56
 

'CASO ANDRATX' / El proceso judicial
El fiscal pide que Hidalgo vuelva a prisión durante 45 días para evitar que «obstruya la investigación»

El abogado defensor Rafael Perera alega que el ex alcalde de Andratx no se dará a la fuga porque «podría haberlo hecho antes de su detención» - La Audiencia debe resolver ahora el recurso de Carrau

  A D E M A S
 Perera niega que Hidalgo destruyera pruebas antes de ser detenido
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M. A. RUIZ

PALMA.- La Audiencia Provincial de Palma resolverá probablemente esta misma semana el recurso de apelación interpuesto por el fiscal anticorrupción, Juan Carrau, contra la decisión del juez instructor Álvaro Latorre de dejar en libertad al ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, presidida por el magistrado Juan Catany, celebró ayer la vista oral para estudiar este recurso, durante la cual Carrau concretó su petición: reclama que tanto Hidalgo como el ex celador municipal Jaume Gibert regresen a prisión durante un período de 45 días para evitar que ambos imputados puedan destruir pruebas u obstruir la investigación judicial.

A puerta cerrada y sin que estuvieran presentes ni Hidalgo ni Gibert, la vista se desarrolló a lo largo de casi tres horas y el debate llegó a resultar en algunos momentos tenso, según relató luego el abogado Rafael Perera, quien lleva la defensa del ex alcalde de Andratx.

El recurso de la Fiscalía será resuelto por los magistrados Juan Catany, Eduardo Calderón y Juan Pedro Yllanes, tras estudiar los argumentos de ambas partes. Frente a las tesis del fiscal anticorrupción Joan Carrau, Perera alegó que en estos momentos no existe ningún tipo de riesgo de que Hidalgo vaya a destruir pruebas, «algo que tampoco había intentado anteriormente».

Bochorno

Según aseguró el letrado, tampoco hay pruebas de una posible obstrucción de la investigación ni de que el ex primer edil pretenda fugarse, ya que «si hubiera querido hacerlo, ha tenido grandes oportunidades para ello, incluso antes de que fuera detenido».

«En ese caso, podía haberse evitado el bochorno de haber salido en el telediario de las 15:00 horas cuando le estaban colocando los grilletes en su despacho oficial», manifestó al respecto Perera, quien declaró asimismo que los siete delitos de corrupción urbanística por los que se acusa a Hidalgo no tienen «suficiente» base legal «habida cuenta del desbarajuste urbanístico existente en Andratx, al no haber unas Normas Subsidiarias como las establecidas en el resto de Ayuntamientos».

Así ocurre, por ejemplo, con las licencias de obras concedidas por Eugenio Hidalgo para construir varias edificaciones residenciales en Monport: asumiendo el criterio de los técnicos del Consell de Mallorca, la Fiscalía sostiene que dichas licencias son ilegales porque esta zona del municipio de Andratx no es edificable. Sin embargo, como ha informado este diario, sendas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en 1987 y 1994 determinan que se trata de suelo urbano consolidado.

Por otro lado, Rafael Perera recordó ayer que, según consta en las diligencias, Hidalgo se sentía vigilado y controlado antes de ser detenido. «No estoy destapando ninguna novedad», manifestó el abogado, quien agregó que el ex primer edil «había sido guardia civil y había pertenecido al servicio de información, por lo que lógicamente alguien que ha estado en el gremio sabe cuando le están siguiendo», informó la agencia Europa Press.

A este respecto, añadió que Hidalgo tenía decidido dejar la alcaldía, lo que motivó las entrevistas que mantuvo «con algún cargo político para comunicarle su decisión, que es lo que cualquiera hubiera hecho si quiere dejar el despacho que ha ocupado durante cierto tiempo». Tras reconocer que la vista ha sido «larga y tensa», Perera aseveró que lo que a partir de ahora procede es que el tribunal se pronuncie y que Hidalgo se mantenga «en la misma situación que en la que se encuentra en estos momentos».

El acto, que dio comienzo pasadas las 10.30 horas y duró unas tres horas, no ha sido de carácter público debido a que el procedimiento aún se encuentra en fase de instrucción, por lo que sigue siendo secreta salvo para las partes.

 
   
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