La puesta en marcha de la Ley de la
Igualdad dará lugar en Baleares a una
curiosa paradoja: el Parlament de las
Islas, donde el PP es el partido
mayoritario, deberá poner en marcha un
sistema de paridad electoral mucho más
restrictivo que el método que propugna a
día de hoy el Gobierno socialista de José
Luis Rodríguez
Zapatero.
Concretamente, y si no hay
novedades de última hora, los partidos que
concurran a las elecciones autonómicas en
las Islas estarán obligados a presentar
listas cremallera, es decir, en las
que se alternen hombres y mujeres. En
cambio, la ley del Ejecutivo central rebaja
la presencia mínima de mujeres al 40% y
establece que cada cinco candidatos debe
haber por lo menos dos personas del sexo
femenino.
La aparente contradicción
no se produce, evidentemente, por una
voluntad expresa del Govern popular,
sino que constituye una herencia del Pacte
de Progrés.
El socialista Francesc
Antich aprobó durante su periodo al frente
del Ejecutivo balear una ley que obligaba a
presentar listas cremallera, un
texto que nunca se llegó a aplicar porque
fue recurrido en 2002 por el Gobierno
central, liderado en aquel momento por el
PP y José María Aznar. Sin embargo, el
presidente actual del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, decidió retirar el
recurso de inconstitucionalidad hace ya
varios meses con lo que la ley vuelve a
estar plenamente vigente.
La
jerarquía legislativa manda que los textos
de mayor rango deben tener preeminencia
sobre los de menor categoría, pero
establece también que una ley más
restrictiva tiene prioridad sobre otra
menos exigente. Es el caso de ambas
legislaciones paritarias: en principio
debería predominar la ley del Gobierno, que
es orgánica, pero en la práctica es el
texto autonómico el que tiene supremacía al
ser más restrictivo.
La Ley de
Paridad es de aplicación en las elecciones
a la Comunidad Autónoma pero no a los
ayuntamientos. En su caso, tampoco será de
aplicación en las candidaturas de los
consells insulares. El Govern de Jaume
Matas ha tomado la decisión de no derogar
la ley del Pacte por la impopularidad que
supondría esta medida.
