El
mundo
PALMA.- La consellera de
Presdencia y Deportes autonómica, Rosa
Puig, expresó ayer su temor de que la Ley
de Dependencia estatal no se aplique para
dar cobertura a todas las personas que lo
necesitan en el archipiélago, un objetivo
por el que «luchará» la comunidad
autónoma.
En declaraciones a los
medios de comunicación, Puig señaló que la
aplicación de la Ley de Dependencia acumula
«unos meses de retraso», pues debía haberse
hecho efectiva en enero y, al parecer, no
se desarrollará hasta abril.
Puig
también reivindicó un «peso real» para las
comunidades autónomas, que son las que
tienen competencias exclusivas en este
ámbito, en el Consejo Territorial de
Dependencia, constituido la semana pasada
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
La consellera indicó que el
Govern siempre ha expresado su
«predisposición» a colaborar en la
aplicación de la Ley de Dependencia, aunque
añadió que el Ejecutivo balear no dejará de
reivindicar que se dé cobertura a todas las
edades, también a los niños de cero a tres
años, y a todas las personas que necesitan
de estos servicios.
No obstante, Puig
manifestó sus «dudas» de que se consiga
este objetivo tras las discrepancias del
pasado entre las administraciones estatal y
autonómica sobre el número de personas que
en Baleares precisan de este tratamiento.
Puig recordó que el Govern cuantificó esta
cifra en 55.000 personas, mientras que para
la Administración estatal se reducía a
25.000 ciudadanos. Al respecto indicó que
un estudio de la Fundación BBVA ha
respaldado los cálculos del Ejecutivo
autonómico. Finalmente, puso en duda que la
dotación económica que recibirán las Islas,
7 millones de euros, sea suficiente.
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