EDUARDO COLOM
PALMA.- La Fiscalía
Anticorrupción de Baleares ha solicitado al
juez que instruye el caso Andratx,
Álvaro Latorre, que imponga a Eugenio
Hidalgo una fianza por responsabilidad
civil de 39.926.637 euros. Esa sería la
suma necesaria para, según Juan Carrau,
resarcir a los afectados por los presuntos
delitos perpetrados por el alcalde de
Andratx al frente del Urbanismo municipal
así como para responder ante la demolición
de las obras ilegales.
En su escrito
de petición de fianza, la Fiscalía prevé
dicha demolición masiva de edificios e
incluso apunta que la cifra se ampliará
«casi con toda seguridad» cuando concluyan
las indagaciones. La cuantía solicitada por
Carrau resulta una de las más altas de la
historia judicial de Baleares, sólo
comparable a las fianzas impuestas o
propuestas en grandes escándalos como el
caso Royaltur o el caso túnel de
Sóller.
Concretamente, Carrau ha
desglosado su propuesta de responsabilidad
pecuniaria en función de los delitos que
atribuye a Hidalgo. Así, sostiene que en
caso de sentencia contraria el ex alcalde
del PP debería abonar 1.829.000 euros por
la presunta comisión de un delito de
negociaciones prohibidas a funcionarios
públicos. 1.108.200 euros por el delito de
cohecho. Y el grueso, 27.007.778 euros, por
los delitos de falsedad documental y contra
la Ordenación del Territorio. A los
29.944.978 euros que suman estos tres
conceptos habría que añadir una tercera
parte de la suma, como contempla el
artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. De ahí se deriva la cifra total:
39.926.637 euros. O lo que es lo mismo,
casi tres veces el presupuesto del
Ayuntamiento de Andratx o tanto como el
coste que tendrá la futura desaladora
proyectada por el Govern en el
municipio.
Carrau solicita al juez
Latorre que, en caso de que se decrete la
apertura de juicio -cabe recordar que el
caso se encuentra en los primeros compases
de la instrucción-, se exija a Hidalgo esa
cuantía. La medida serviría para garantizar
que en caso de sentencia condenatoria se
asegurase la respuesta económica ante las
pertinentes indemnizaciones por los daños
infringidos.
Monport
Cab
e recordar que Carrau imputa a Hidalgo la
comisión de al menos los delitos de
cohecho, contra la Ordenación del
Territorio, negociaciones prohibidas a
funcionarios públicos, blanqueo de
capitales y falsedad documental. Delitos
que llevan aparejados hasta 18 años de
prisión.
La defensa de Hidalgo,
armada por el letrado Rafael Perera, se ha
opuesto a una medida que considera
innecesaria por cuanto el juez ya procedió
a bloquear todo el patrimonio del acusado
en previsión de dar cobertura a las
responsabilidades que pudieran derivarse.
Igualmente, sostiene que la petición de
Carrau «no es de recibo» porque parte de
unos supuestos «que están por demostrar»,
entre otros el imperativo legal de demoler
las obras investigadas.
Entre las
operaciones presuntamente delictivas que
Carrau atribuye a Hidalgo figura el cobro
de 369.000 euros por la venta de las
participaciones de una sociedad con
intereses en Cala Llamp. La venta se
produjo, pero se hizo ante notario y se
declaró a Hacienda.
Igualmente,
Carrau atribuye a Hidalgo la concesión
irregular de licencias en una zona del Port
d'Andratx protegida por el Plan Territorial
de Mallorca: Monport. Allí se están
edificando bloques de viviendas y
Anticorrupción pide 10 millones de euros
como fianza por la posible invalidación de
unas obras todavía en curso. Dichas
parcelas -y ésa es una de las bases de la
protesta de Perera- han sido calificadas
como urbanas por un dictamen del
catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad Complutense Tomás Ramón
Fernández, que para ello se basó en dos
sentencias del Tribunal Supremo emitidas el
22 de septiembre de 1987 y el 7 de febrero
de 1994 respectivamente. Tras las
acusaciones de Anticorrupción, Hidalgo fue
detenido el 27 de noviembre. El juez
Latorre ordenó su encarcelamiento
provisional durante 17 días, período tras
el cual fue puesto en libertad junto al
también detenido celador municipal, Jaume
Gibert. La fianza penal que exigió el juez
para salir de la prisión fue de 100.000 y
60.000 euros respectivamente, cuando Carrau
había pedido 6 millones de euros
inicialmente.
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