ENRIQUE FUERIS
MARRATXÍ.-Vecinos
de Marratxí acusan al Ayuntamiento de haber
incrementado la cuantía de las sanciones de
tráfico sin que dicha modificación haya
sido sometida a sesión plenaria. La nueva
tipificación y graduación de las sanciones
entró en vigor el pasado 22 de mayo a
través de una instrucción de servicio del
Inspector Jefe de la Policía
Local.
Así, de acuerdo con la
instrucción de servicio, todas las faltas
de circulación calificadas de «graves»
acarrearán sanciones por valor de 91 euros
y las «muy graves» por valor de 301 euros.
Sin embargo, el documento no hace
referencia a las infracciones leves.
Los incrementos son sustanciales en
muchos casos. Una infracción como la de
circular dos personas en un ciclomotor
comportaba según la Ordenanza Municipal una
multa de 21 euros. La sanción, en este
caso, asciende ahora a 63 euros, el triple.
En otros casos se dobla la cuantía anterior
o bien se mantiene.
Desde el
Consistorio marratxiner se argumenta
que el procedimiento se halla justificado
por las modificaciones producidas a raíz de
la Ley 17/2005 de Reforma de la Ley de
Seguridad Vial, la cual «obliga» al
municipio a adaptarse a ella sin que por
ello proceda Pleno o Decreto de Alcaldía.
Según el Ayuntamiento, la Ordenanza
Municipal de Circulación se encuentra en
fase de modificación y adaptación, de modo
que lo que se hecho ha sido proceder a la
aplicación directa de una ley estatal y por
tanto, de rango superior.
No
obstante, existen lecturas jurídicas que
contradicen tal afirmación. La Ley 17/1985
Reguladora de las Bases de Régimen Local
establece en el capítulo dedicado a las
competencias en materia de la ordenación
del tráfico de vehículos y personas en vías
urbanas que «el municipio ejercerá en todo
caso competencias en los términos de
legislación» y que la legislación estatal
«deberá asegurar a los municipios su
derecho a intervenir en cuantos asuntos
afecten directamente al círculo de sus
intereses atribuyéndoles las competencias
que
proceda».
'Descentralización'<
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Los denunciantes no entienden que
algo que afecta tan directamente a todos
los marratxiners se vea excusado de
pasar por sesión plenaria para que lo
aprueben sus representantes, una
observación que entronca con «los
principios de descentralización y de máxima
proximidad de la gestión administrativa a
los ciudadanos» de la citada ley para dotar
de capacidad de gestión a las entidades
locales.
Asimismo, la propia Ley
17/2005 de Reforma de la Ley de Seguridad
Vial establece que «la sanción por
infracciones a normas de circulación
cometidas en vías urbanas corresponderá a
los respectivos alcaldes, los cuales podrán
delegar esa facultad de acuerdo con la
legislación aplicable». Por otra parte, el
propio regidor de Hacienda del Consistorio
marratxiner, Josep Maria Casesnoves
(de IDMA), asegura no conocer las cuantías
que desde el pasado mes de mayo han ido
ingresando las arcas municipales en materia
de sanciones por infracciones de tráfico.
Por su parte, miembros de la oposición en
el Ayuntamiento ya han empezado a realizar
sus propias indagaciones sobre el tema y
piensan que el procedimiento «esconde
irregularidades»; de hecho, aseguran que
hasta el momento y respecto a este punto
desde el Consistorio tan sólo se ha
contestado con «evasivas».
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